La Comisión Europea reconoce que España ha puesto en marcha varias reformas para reforzar la libertad de prensa, pero advierte de que sus efectos todavía no se perciben. La concentración del mercado continúa en un nivel de riesgo muy alto, persisten las dudas sobre la independencia de RTVE y siguen sin resolverse las deficiencias en la transparencia de la propiedad y el reparto de la publicidad institucional tanto en el Estado como en las comunidades, ayuntamientos y otras administraciones.
Las conclusiones forman parte del séptimo Informe anual sobre el Estado de Derecho, publicado por la Comisión Europea el pasado 17 de julio. La Comisión presenta un sistema mediático en transición: existe una agenda legislativa amplia, impulsada en parte por el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, pero buena parte de las medidas permanece en tramitación.
El principal problema estructural sigue siendo la concentración. El Media Pluralism Monitor mantiene a España en un nivel de riesgo muy alto en la pluralidad de proveedores de medios. La situación del regulador es distinta: la independencia y eficacia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia recibe una valoración de riesgo bajo.
Para adaptar el sistema español a la normativa europea, el Gobierno ha promovido un proyecto de ley que continúa en fase de enmiendas. La norma contempla la creación de una Dirección de Medios de Comunicación dentro de la CNMC, con cuatro subdirecciones y 32 nuevos puestos. El objetivo es reforzar la capacidad del organismo para supervisar un mercado más complejo y asumir las nuevas competencias europeas.
Sin embargo, el informe deja claro que reforzar el regulador no resuelve por sí solo la concentración. La Comisión diferencia entre la existencia de una autoridad independiente y la diversidad real de empresas, propietarios y fuentes informativas presentes en el mercado.
Esa distancia entre las reformas formales y la situación efectiva también aparece en el análisis de los medios públicos. La Comisión recoge las advertencias de organizaciones profesionales sobre posibles interferencias políticas en RTVE y en algunas radiotelevisiones autonómicas.
La reforma de 2024 modificó la composición y el sistema de elección del Consejo de Administración de RTVE y amplió las competencias de su presidencia. El Gobierno sostiene que la corporación ha funcionado con normalidad, pero las entidades consultadas consideran que el modelo aumenta los riesgos para la independencia editorial, entre otros motivos por la ausencia de un procedimiento basado en méritos.
El documento cita además el informe publicado en enero de 2026 por los Consejos de Informativos de TVE y RNE. Estos órganos internos denunciaron un deterioro de las normas profesionales y señalaron la existencia de sesgo político en los espacios informativos. El indicador europeo sobre independencia de los medios públicos españoles permanece en un nivel de riesgo medio-alto.
Las dudas sobre la independencia no se limitan a los órganos de gobierno. También están relacionadas con la forma en que los poderes públicos pueden influir económicamente en los medios.
La Comisión presta especial atención a la publicidad institucional. El Gobierno aprobó en febrero de 2026 un proyecto que introduce criterios para repartir los fondos y establece que ningún medio pueda recibir por esta vía más del 35 % de su facturación anual.
Mientras la reforma no entre en vigor, continúa aplicándose la ley de 2005. Las organizaciones consultadas sostienen que el modelo actual permite utilizar la publicidad institucional como instrumento de presión, especialmente en periodos electorales. También denuncian falta de transparencia sobre los beneficiarios, ausencia de criterios equitativos y posibles tratamientos discriminatorios. El problema no se limita a la Administración General del Estado. Comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones y empresas públicas gestionan una parte relevante de esta inversión, lo que fragmenta los sistemas de control y dificulta obtener una visión completa del dinero público destinado a medios de comunicación.
La opacidad afecta igualmente a la propiedad de los medios. El proyecto legislativo pendiente prevé crear un registro público supervisado por la CNMC para identificar a los propietarios directos y efectivos. La carencia es especialmente relevante en los medios no audiovisuales, las plataformas de vídeo y los creadores de contenido que actúan como proveedores de información.
El indicador sobre transparencia de la propiedad ha mejorado respecto a 2025, pero la Comisión matiza que el avance se debe a las reformas previstas. Hasta que el registro no esté operativo, las organizaciones consultadas consideran que el marco seguirá siendo insuficiente.
El informe también examina las condiciones en las que se ejerce el periodismo. Desde la edición de 2025, la Plataforma del Consejo de Europa para la Protección del Periodismo ha registrado seis nuevas alertas relacionadas con España. La plataforma Media Freedom Rapid Response ha contabilizado otras 53, vinculadas principalmente a agresiones físicas, acoso, intimidación judicial, obstáculos al acceso e injerencias editoriales.
La violencia digital afecta de manera particular a las mujeres. Según un informe presentado por el Ministerio de Igualdad, el 73 % de las periodistas españolas sufre acoso continuado en las redes sociales, con consecuencias como la autocensura.
A estas amenazas se añade la precariedad laboral. Las asociaciones profesionales trasladaron a Bruselas que los contratos breves, la inseguridad y los bajos salarios debilitan la independencia de los periodistas. La Comisión menciona además el impacto de la inteligencia artificial y de la digitalización, que pueden aumentar la vulnerabilidad de las redacciones y reducir la capacidad de los profesionales para resistirse a presiones editoriales, políticas o comerciales.
El balance de Bruselas no describe una ausencia de reformas, sino una falta de resultados todavía verificables. España ha iniciado cambios en la regulación de los medios, la propiedad, la publicidad institucional, el acceso a la información y la protección frente a las demandas abusivas. Pero mientras esas medidas no se apliquen, seguirán abiertos los principales problemas señalados por la Comisión: concentración empresarial, dudas sobre la independencia de los medios públicos, opacidad financiera y vulnerabilidad de los periodistas.
