El modelo de comunicación digital que se ha consolidado en la última década ha agravado la crisis del periodismo tradicional, ha desdibujado el papel de los medios como intermediarios y ha favorecido un ecosistema en el que la desinformación opera como herramienta estructural de poder, según un estudio coordinado por Josetxo Martínez Itoiz, jefe de Prensa del Parlamento de Navarra, elaborado a partir de las respuestas de 27 especialistas de los ámbitos académico, jurídico, político y periodístico.
El trabajo vincula directamente el auge de las fake news con la pérdida de centralidad del periodismo en la esfera pública, la concentración de medios, la lógica de las plataformas digitales y la fragilidad de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y analiza si la respuesta debe ser regulatoria, autorregulatoria o de corregulación en el marco europeo y español.
El punto de partida del informe es que el modelo de comunicación digital ha “agravado la crisis del periodismo tradicional”, al arrebatarle “el monopolio de la intermediación informativa” y empujar a los medios a una transformación que ha generado una “nueva jerarquía del conocimiento”, marcada por la distorsión de la realidad, el descrédito del sistema mediático y la erosión de los sistemas democráticos. Sobre esa base, el estudio distingue entre información errónea, ligada a la falta de rigor o a titulares diseñados para el clickbait, y desinformación, definida por la Comisión Europea en 2018 como información “verificablemente falsa o engañosa” creada para lucrarse o engañar y que puede causar daño público y debilitar la fe en las instituciones.
La investigación se apoya en la teoría democrática deliberativa de Jürgen Habermas, que concibe la comunicación pública como un espacio de racionalidad discursiva donde la información veraz es condición para una opinión pública ilustrada y, por tanto, para la legitimidad del poder democrático. En la era digital, señala el trabajo, la lógica algorítmica y la economía de la atención han desplazado la noción de verdad hacia “un mercado de percepciones dominado por la emocionalidad y la desinformación”, en línea con los diagnósticos de Cass Sunstein y Lee McIntyre.
Desde el ámbito académico hay coincidencia en considerar que las grandes plataformas han “desnaturalizado la función periodística” y han puesto en riesgo el derecho a recibir información veraz. Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo y coordinador del Observatorio Ibérico de Medios Audiovisuales (Iberifier), habla de “patologías comunicativas” para describir el “papel distorsionador de los algoritmos” que, con criterios de eficiencia y “mínima o nula transparencia”, magnifican o silencian mensajes y someten la comunicación pública a “reglas desconocidas y modificadas a voluntad de las plataformas digitales”.
El estudio describe un entorno de “sociedad instantánea”, de “fogonazos”, en el que muchos asuntos relevantes tienen “una vida muy corta”, alcanzan visibilidad apenas durante unas horas y se encadenan como un “reel incesante” que dificulta el procesamiento pausado de la información y la toma de decisiones maduradas. La sobreabundancia de datos, la infodemia y la “dictadura de la instantaneidad” se citan como rasgos estructurales de un ecosistema informativo que acorta los tiempos entre pensar, decir y hacer, fomenta un “presente perpetuo” y empuja hacia una “democracia sentimental” donde los estados de ánimo se convierten en estados de opinión.
El trabajo subraya que esta dinámica ha llevado a los medios a adaptar sus prácticas a las pautas de consumo digital, con fuerte peso del dramatismo, el espectáculo y los titulares sensacionalistas próximos al engaño, lo que está “provocando un serio problema al fenómeno comunicativo en su conjunto” y afectando a la credibilidad del periodismo como garante del derecho a la información. El análisis recoge el diagnóstico de Samuel Toledano, que advierte de una “batalla por la calidad y la profundidad informativa” que se está perdiendo, con redacciones volcadas en la optimización SEO y en mantener a los usuarios “permanentemente enganchados”, en detrimento de la función pedagógica y del periodismo de contexto.
Concentración, pseudomedios y responsabilidad compartida
Más allá del impacto de las plataformas, el estudio sitúa en el centro del debate la concentración de la propiedad mediática y la doble naturaleza —económica e ideológica— de los medios de comunicación. Ricardo Feliú, sociólogo y profesor en la Universidad Pública de Navarra, recuerda que un medio es, al mismo tiempo, actor que crea marcos discursivos desde posiciones ideológicas y empresa sometida a criterios de rentabilidad, y que es en esta segunda dimensión donde se localiza “el germen de la disfuncionalidad”, al convertirse en instrumento de comunicación y presión al servicio de grupos y élites económicas.
La investigación destaca que esta lógica empresarial, unida a la arquitectura de las redes sociales, alimenta campañas organizadas de desinformación con fines económicos o ideológicos, que se ven favorecidas por la falta de control de los propietarios de las plataformas y por un modelo de comunicación basado en el impacto y el entretenimiento. El resultado, según varios de los expertos citados, es un descrédito general del sistema de medios y un proceso de polarización medible tanto en el plano social como en el estrictamente mediático, con “desiertos informativos” asociados a la concentración de grupos mediáticos y tecnológicos, tal y como recoge Toledano.
El estudio diferencia claramente entre medios y pseudomedios y advierte de la “interesada confusión” entre ambos, en un contexto en el que las audiencias siguen siendo decisivas para la viabilidad económica, pero necesitan un periodismo plural y fiable para poder exigir responsabilidades. Una parte importante de la audiencia solo acepta información acorde con sus convicciones, en buena medida debido a estrategias basadas en algoritmos que refuerzan cámaras de eco y burbujas de información, limitando la exposición a puntos de vista alternativos.
En cuanto al reparto de responsabilidades, el análisis recoge diagnósticos que señalan a gobiernos y partidos políticos como “principales detonantes de la desinformación”, apoyados por pseudomedios y por campañas coordinadas en redes sociales, pero también a las propias plataformas y a la ciudadanía, que difunde bulos en sus círculos de confianza. Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional, describe una cadena de desinformación en la que participan generadores de contenidos falsos, difusores iniciales —influencers, pseudomedios y actores políticos—, medios que amplifican y dotan de apariencia de credibilidad esas narrativas, y ciudadanos que, sin sospechar engaño, las propagan hasta convertirlas en amenaza para la opinión pública.
Regulación, autorregulación y corregulación en debate
El objetivo central del trabajo es examinar la conveniencia de una reforma regulatoria, autorregulatoria o de corregulación para reducir los riesgos de la desinformación sobre el cuerpo social y el sistema democrático, teniendo en cuenta que las plataformas digitales se han convertido en una herramienta política clave y que se ha debilitado el vínculo entre verdad verificable y prácticas periodísticas deontológicas.
En el plano teórico, el estudio se sitúa en la línea de la Media Freedom Act (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación) y de la Ley de Servicios Digitales (DSA), que impulsan un modelo de corregulación democrática en el que Estado, plataformas y sociedad civil comparten responsabilidades para proteger la libertad de expresión sin renunciar a la integridad informativa. Esta orientación se complementa con la idea de que la democracia se sostiene en entornos comunicativos donde la información es “libre, plural y verificable”.
Los expertos consultados discrepan sobre el alcance de posibles cambios legales. Salaverría se declara partidario de la autorregulación periodística y contrario a una legislación más exhaustiva sobre el derecho a la información, al considerar que podría limitar la capacidad de escrutinio público y coartar la libertad de expresión, incluso cuando reconoce los problemas, debilidades y abusos de ciertos actores que se presentan como periodísticos.
En el extremo opuesto, Samuel Toledano sostiene que “los sistemas de autorregulación son sistemas fallidos” y que es necesaria una regulación pública del derecho a la información que satisfaga los intereses de la ciudadanía, aunque sea de mínimos, y que vaya más allá de lo previsto en el Reglamento Europeo, al considerar que este protege ante todo la independencia de los medios y no la de los periodistas.
Ricardo Feliú aboga por desarrollar al máximo el marco jurídico actual, clarificar qué es y qué no es un medio de comunicación y privar de publicidad oficial a los actores que participen activamente en la desinformación, con un papel más activo de las asociaciones profesionales en la defensa de los códigos deontológicos. Carlos Hugo Preciado, magistrado y miembro del Consejo General del Poder Judicial, propone la creación de comités de ética periodística que examinen quejas ciudadanas y emitan dictámenes públicos, junto con reformas legales que garanticen el derecho a una información veraz frente al predominio de la desinformación.
Otros juristas, como Inés Olaizola, consideran que el derecho a la información está “bien regulado” y se muestran reacios a imponer nuevos límites, aunque plantean la necesidad de exigir mayor rigor en la verificación, controlar la rectificación y sancionar los incumplimientos graves del deber de informar, en un contexto en el que el anonimato en redes y la ausencia de imparcialidad en ciertos medios dificultan la protección de la autenticidad informativa.
Transparencia, alfabetización y verificación como defensas democráticas
La investigación incorpora, además, una dimensión centrada en la transparencia y la rendición de cuentas, considerada un eje esencial para la legitimidad democrática y para la tarea periodística de control del poder. Siguiendo a Bovens y Heald, el estudio recuerda que la rendición de cuentas sostiene la responsabilidad de los actores públicos y que la transparencia debe entenderse en varias direcciones: hacia el interior, hacia el exterior, hacia abajo y hacia arriba, en función de quién controla a quién.
En el plano práctico, varios expertos coinciden en que las leyes de transparencia han llegado tarde en España y que su eficacia depende tanto de la voluntad de las instituciones como de la accesibilidad de los datos y de la capacidad de los medios para convertirlos en información inteligible. El estudio señala que la transparencia “no es un fin, solo un medio” y que los datos públicos, aunque necesarios, no bastan por sí solos para contrarrestar la desinformación si no se traducen en relatos comprensibles y contextualizados.
La alfabetización mediática y la educación digital crítica se presentan como estrategias complementarias para reforzar la resiliencia ciudadana frente a la manipulación, junto con el impulso de proyectos de verificación independientes y con participación de periodistas y actores sociales, en línea con las recomendaciones europeas. El trabajo destaca el papel de iniciativas como Iberifier, integrado en el Observatorio Europeo de Medios Digitales, y de organizaciones de fact-checking como maldita.es, citadas como referencias en la verificación de datos públicos y en la lucha contra los bulos.
Desde la perspectiva específicamente periodística, el informe recuerda que el deber de veracidad no exige una verdad axiomática, sino diligencia en la verificación de la noticia, y que esa diligencia es la que sitúa la información bajo la protección constitucional. El rigor profesional se presenta como uno de los elementos más significativos del ejercicio del periodismo, del que depende el alcance del pluralismo informativo, y se vincula a la cláusula de conciencia y a la protección de las fuentes como prerrogativas específicas de la profesión.
El estudio concluye su recorrido ofreciendo una síntesis de coincidencias transversales entre los campos académico, jurídico, político y periodístico: la desinformación no es un fenómeno nuevo, pero se ve potenciada por la hiperconectividad y la lógica de las plataformas; el modelo de comunicación digital ha alterado de forma profunda el papel del periodismo y de los medios; la transparencia, la alfabetización mediática y la verificación son herramientas necesarias pero insuficientes sin cambios en la gobernanza del ecosistema informativo; y cualquier salida, regulatoria o autorregulatoria, deberá preservar el derecho a la información veraz como condición de posibilidad de la democracia.
