
Una mayoría significativa de españoles percibe la difusión de noticias falsas y manipuladas como un problema muy grave, según se desprende del reciente informe del Pew Research Center titulado «Free Expression Seen as Important Globally, but Not Everyone Thinks Their Country Has Press, Speech and Internet Freedoms«.
El estudio, que analiza datos recopilados en 35 países entre enero y mayo de 2024, subraya una preocupante brecha entre la relevancia que los ciudadanos otorgan a las libertades fundamentales, como la libertad de prensa, de expresión y de acceso a internet, y la percepción real sobre la garantía efectiva de estas libertades en su entorno inmediato.
En el caso específico de España, el informe indica que el 61% de los españoles considera que la desinformación y las noticias falsas constituyen un problema muy serio. Este porcentaje es particularmente relevante si se compara con otras naciones europeas de ingresos altos, donde la preocupación sobre la manipulación informativa también supera el 60%, como ocurre en Francia (63%) y Alemania (62%). El informe señala que esta preocupación tiene implicaciones directas sobre la percepción que la ciudadanía tiene respecto a la calidad democrática y el respeto a las libertades civiles.
La percepción ciudadana en España refleja claramente una discordancia entre la importancia asignada a las libertades fundamentales y la evaluación práctica de su cumplimiento. En concreto, mientras el 79% de los españoles cree esencial que los medios de comunicación puedan informar sin censura, solo el 70% afirma que dicha libertad está realmente garantizada en el país. Este desajuste pone de manifiesto una inquietud palpable respecto a la independencia de los medios frente a posibles presiones gubernamentales o privadas.
Además, respecto a la libertad de expresión, el 82% de los españoles la considera vital, pero solo el 79% siente que esta libertad se respeta completamente o al menos en gran medida. Este diferencial se repite en la valoración sobre el acceso a internet sin restricciones gubernamentales: un 89% de españoles destaca su importancia, aunque únicamente el 86% percibe que esta condición está plenamente cumplida.
La investigación del Pew Research Center establece una relación directa entre estas percepciones y la satisfacción general con el sistema democrático. Los ciudadanos que perciben restricciones a las libertades fundamentales suelen mostrar niveles más bajos de satisfacción con el funcionamiento democrático, algo particularmente evidente en contextos donde se han celebrado elecciones recientemente. En 2024, más de 60 países fueron escenario de elecciones, muchas de ellas marcadas por fuertes cambios políticos y reveses electorales para los gobiernos en ejercicio, alimentados en parte por la percepción ciudadana sobre desinformación y restricciones a las libertades fundamentales.
En este contexto internacional, España comparte patrones similares con países como Grecia, donde el 65% considera las noticias falsas un problema muy grave y donde la percepción negativa sobre la libertad de prensa es incluso más acusada. Asimismo, naciones como Chile, Corea del Sur o Japón también reflejan niveles elevados de preocupación por estos temas, indicando que la desconfianza en la información mediática y la percepción de limitaciones a las libertades no son fenómenos aislados.
Estos datos revelan una creciente inquietud social sobre la capacidad del sistema político español para asegurar un entorno plenamente libre y transparente. Esta preocupación se acentúa en un contexto mediático cada vez más complejo, dominado por la proliferación de noticias falsas en plataformas digitales, que amenaza con erosionar aún más la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La situación actual representa un desafío considerable para las autoridades, obligadas a implementar estrategias efectivas que mitiguen la propagación de la desinformación y refuercen simultáneamente las garantías constitucionales sobre la libertad de expresión, prensa e internet.
Finalmente, el estudio recalca la necesidad urgente de políticas públicas orientadas a mejorar la alfabetización mediática y digital de la ciudadanía, reforzando así la capacidad crítica y la resiliencia frente a la desinformación. De esta manera, no solo se protegerán las libertades fundamentales, sino que se fortalecerá también la calidad democrática y la estabilidad social a largo plazo en España.