El Gobierno de Australia ha presentado un nuevo modelo para obligar a las grandes plataformas digitales a compensar económicamente a los medios de comunicación por el uso de contenidos informativos, una medida que introduce un gravamen del 2,25% sobre los ingresos locales de aquellas compañías que no alcancen acuerdos comerciales con editores, en un intento de reforzar la sostenibilidad económica del periodismo y corregir lo que el Ejecutivo considera un desequilibrio estructural en el reparto de valor dentro del ecosistema digital.
La propuesta, denominada Incentivo de Negociación con los Medios de Noticias (NBI), sustituye al sistema anterior aprobado en 2021, que había impulsado acuerdos entre plataformas y editores, pero que el Gobierno considera insuficiente tras la retirada progresiva de algunos compromisos por parte de empresas como Meta. El nuevo esquema plantea una lógica de incentivos: las plataformas podrán evitar el impuesto si firman acuerdos con medios, con condiciones más favorables para quienes incluyan a pequeñas cabeceras o medios regionales.
El Ejecutivo australiano estima que el modelo podría generar entre 200 y 250 millones de dólares australianos anuales (aproximadamente entre 144 y 179 millones de euros), fondos que serían redistribuidos íntegramente entre organizaciones periodísticas en función de criterios como el número de periodistas empleados, con ponderaciones adicionales para medios locales, regionales o dirigidos a comunidades específicas.
La medida se aplicaría a empresas con ingresos superiores a 250 millones de dólares australianos y una base significativa de usuarios en el país, lo que incluye a actores como Google, Meta o TikTok. Según ha defendido la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, el objetivo es garantizar que las plataformas contribuyan al sostenimiento del periodismo en un escenario en el que una parte creciente del consumo informativo se produce dentro de entornos digitales controlados por estas compañías.
El planteamiento responde también a la evolución del comportamiento de las plataformas, que en algunos casos han optado por limitar o eliminar la presencia de noticias en sus servicios para evitar obligaciones regulatorias, lo que ha reducido el alcance de los acuerdos previos y ha debilitado el modelo de compensación existente.
Las compañías afectadas han cuestionado el diseño del sistema. Meta sostiene que los medios obtienen valor al distribuir contenidos en sus plataformas y considera que la propuesta introduce una transferencia económica obligatoria sin relación directa con el valor intercambiado. Google, por su parte, ha señalado que el modelo no refleja adecuadamente el funcionamiento actual del mercado publicitario ni los acuerdos ya existentes con el sector.
El Gobierno australiano prevé someter el borrador a consulta pública hasta el 18 de mayo e introducir la legislación en el Parlamento en los próximos meses. La iniciativa se enmarca en una tendencia internacional en la que distintos países están explorando mecanismos regulatorios para redefinir la relación económica entre plataformas digitales y medios de comunicación, con el objetivo de asegurar la viabilidad del periodismo en el entorno digital.
