Los periodistas europeos siguen expuestos a demandas abusivas destinadas a intimidar, desgastar económicamente y frenar investigaciones sobre asuntos de interés público, pese a que los Estados miembros de la Unión Europea tenían hasta el 7 de mayo de 2026 para adaptar sus leyes nacionales a la directiva europea anti-SLAPP aprobada hace dos años. Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado que solo un número reducido de países ha cumplido plenamente ese compromiso y ha reclamado reformas más ambiciosas para proteger de forma efectiva la libertad de prensa.
La organización advierte de que las llamadas SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation) continúan creciendo en distintos países europeos. En Francia, el medio de investigación Splann! afronta un aumento de denuncias relacionadas con sus investigaciones sobre la industria agroalimentaria, mientras que StreetPress denuncia acoso judicial por sus informaciones sobre la extrema derecha. En Grecia, el ex secretario general del primer ministro, Grigoris Dimitriadis, reclama 550.000 euros al medio TVXS por once artículos vinculados al escándalo de escuchas Predatorgate y también ha dirigido acciones contra el periodista Thanasis Koukakis, Reporters United y EfSyn. En Bulgaria, el periodista Dimitar Stoyanov, del medio Bird.bg, vio congeladas sus cuentas bancarias tras varias demandas por difamación presentadas por un empresario local al que investigaba por presunta corrupción y contrabando de combustible.
La directiva europea, aprobada en abril de 2024, busca proteger a periodistas, organizaciones civiles y denunciantes frente a procedimientos judiciales abusivos utilizados para intimidar a quienes participan en debates públicos. Entre las medidas previstas figuran mecanismos para desestimar rápidamente demandas manifiestamente abusivas, sanciones contra quienes las promuevan y medidas de protección para las víctimas.
RSF considera, sin embargo, que la mayoría de los gobiernos europeos no ha realizado reformas suficientes. La organización también señala limitaciones importantes en la propia directiva, ya que no cubre procedimientos penales, como muchas querellas por difamación, ni litigios estrictamente nacionales, que constituyen la mayoría de los casos registrados actualmente. Irlanda es uno de los pocos países que, según RSF, ha ido más allá del mínimo exigido por Bruselas incorporando mayores garantías legales.
El director de incidencia de RSF, Antoine Bernard, ha afirmado que la ausencia de mecanismos sólidos deja a los periodistas “sin protección real” frente a estas prácticas y ha pedido a los Estados miembros que aceleren la transposición de la directiva y amplíen su alcance. Entre las propuestas defendidas por la organización figuran la extensión de las salvaguardas a procedimientos penales y a litigios internos, además de sistemas eficaces para archivar rápidamente demandas abusivas.
RSF vincula además el aumento de las SLAPP con una tendencia global más amplia hacia la criminalización del periodismo, identificada también en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 elaborada por la organización.
