La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha aprobado por unanimidad una propuesta presentada por la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) para reforzar la protección laboral y profesional de los periodistas autónomos y combatir la figura del falso autónomo en el sector. La iniciativa salió adelante durante la LXXXV Asamblea General de la Federación celebrada en Santiago de Compostela y plantea una batería de medidas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo, aumentar la cobertura social y reducir la precariedad en la profesión periodística.
La propuesta parte de la idea de que el periodismo atraviesa una transformación estructural marcada por la externalización de la producción informativa y el crecimiento de profesionales autónomos que, en muchos casos, trabajan bajo condiciones equivalentes a las de un asalariado, pero sin las garantías laborales correspondientes. El documento cita el Informe anual de la profesión periodística 2025 de la Asociación de la Prensa de Madrid, que sitúa en el 14 % el porcentaje de periodistas encuestados que se consideran falsos autónomos, cuatro puntos más que en la edición anterior.
La iniciativa aprobada propone que la FAPE impulse una agenda institucional con administraciones y órganos legislativos para avanzar hacia un reconocimiento más claro de la relación laboral cuando exista dependencia real entre el periodista y la empresa, tomando como referencia modelos como el francés. El texto menciona específicamente la figura del “pigiste” en Francia, donde los periodistas que colaboran por piezas pueden acceder a derechos laborales, prestaciones por desempleo, cobertura social o indemnizaciones pese a no formar parte de una plantilla fija.
Entre las medidas aprobadas figura también la elaboración de un marco de buenas prácticas para regular la relación entre medios y colaboradores. La propuesta plantea definir modelos contractuales recomendados, formalizar encargos por escrito, establecer plazos de pago razonables, crear baremos orientativos de tarifas y limitar cláusulas abusivas. Además, contempla campañas de sensibilización dirigidas a medios de comunicación y gabinetes para fomentar la adopción de estos estándares.
El documento incluye igualmente la creación de una red de apoyo profesional destinada a ofrecer espacios de trabajo, recursos compartidos, asesoramiento fiscal y contable y mecanismos para generar comunidad entre periodistas que trabajan de forma aislada. A ello se suma el impulso de programas de formación continua centrados en ámbitos como la protección de datos, la propiedad intelectual, la fiscalidad, las herramientas digitales o la verificación informativa.
La propuesta aprobada por la Asamblea prevé además la puesta en marcha de un observatorio o servicio específico de apoyo para periodistas autónomos que ofrecería asesoramiento jurídico, revisión de contratos, orientación sobre inspección laboral y acompañamiento en casos de abuso o irregularidades. También se contempla la creación de una comisión de seguimiento encargada de supervisar la implementación de todas estas medidas dentro de la Federación.
