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Reporteros sin Fronteras (RSF) ha calificado la decisión de The Guardian y La Vanguardia de dejar de publicar en Twitter como un síntoma de la incapacidad de los poderes públicos para establecer un marco regulador efectivo que proteja la información confiable frente al poder creciente de las plataformas digitales.

RSF ha señalado que la desinformación en X no es un fenómeno aislado, sino parte de un problema global donde las plataformas tecnológicas dominan la distribución de noticias, priorizando intereses económicos o ideológicos. Según la organización, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, respaldada activamente por Elon Musk, ha acentuado los desafíos regulatorios para frenar la desinformación en redes sociales.

El director general de RSF, Thibaut Bruttin, ha afirmado que medidas como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea son insuficientes. Bruttin criticó que, en solo dos años, Musk haya transformado radicalmente X en un «vehículo privilegiado de desinformación a gran escala», sin que las leyes existentes hayan logrado contrarrestarlo. RSF ha instado a los legisladores a implementar acciones más ambiciosas, proponiendo soluciones concretas para mejorar el panorama informativo en plataformas digitales.

Propuestas de RSF para contrarrestar la desinformación

Entre las medidas propuestas por RSF destacan:

  • Promoción de contenidos fiables en algoritmos: modificar los algoritmos para priorizar fuentes periodísticas confiables, basándose en estándares como la Journalism Trust Initiative (JTI) y promoviendo el pluralismo de opiniones.
  • Distinción entre periodistas e influencers: introducir una diferenciación clara para ayudar a los ciudadanos a identificar fuentes informativas auténticas.
  • Auditorías independientes y públicas: realizar evaluaciones periódicas del impacto de las plataformas en la libertad de prensa, siguiendo modelos regulatorios como el DSA.
  • Neutralidad obligatoria de las plataformas: asegurar que los espacios digitales sirvan al interés público y no solo a intereses personales o privados.
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Escenario global y ejemplos recientes

La problemática no se limita a X. En Canadá, Meta ha restringido el acceso a medios en respuesta a la ley C-18, que exige remunerar a los medios por el valor generado en sus plataformas. En Europa, Google experimenta con limitar el acceso a contenidos de medios a través de su buscador, una práctica que ha sido bloqueada en Francia, pero sigue vigente en otros países.

RSF alerta que, sin un marco regulador más robusto, las plataformas seguirán marginando a los medios tradicionales, alterando el acceso a la información y debilitando el derecho a una prensa libre.

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