La Red de Colegios Profesionales de Periodistas y los responsables de comunicación de los principales grupos parlamentarios coinciden que en que hay una urgente necesidad de regular la acreditación de periodistas y medios para el acceso a ruedas de prensa en instituciones públicas.
Este consenso se ha manifestado en una reunión celebrada en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que ha contado con la presencia de los responsables de comunicación de los grupos parlamentarios del PSOE, VOX, PNV, ERC y Podemos en el Congreso, así como de PSOE, VOX y ERC en el Senado, junto a representantes políticos de PSOE, VOX y Podemos.
Por parte de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, asistieron delegados de Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia, La Rioja, León, Murcia y Navarra. La Facultad de Ciencias de la Información estuvo representada por su vicedecano de Comunicación y Relaciones Institucionales, Cristóbal Fernández, y los profesores Elvira Calvo y Manuel Fernández.
Pedro Lechuga, presidente de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas, destacó que «la profesión periodística se encuentra en un proceso de autorregulación esencial, donde es imperativo escuchar y considerar las perspectivas de todas las partes implicadas para identificar áreas de mejora».
Además, señaló la falta de una normativa clara y específica para la acreditación de periodistas en las cámaras legislativas y los parlamentos autonómicos, subrayando que «en el Congreso, el Senado y en los quince parlamentos autonómicos consultados, se observa una ausencia de criterios unificados para la entrega de credenciales a los profesionales que informan sobre la actividad parlamentaria».
Los participantes coincidieron en la importancia de establecer un marco regulatorio para abordar estas cuestiones, reconociendo que la profesión periodística evoluciona rápidamente, especialmente con el auge de los medios digitales.
Además, se propuso la creación de un código de buenas prácticas para los periodistas acreditados y los representantes públicos, enfatizando que su cumplimiento sería crucial para garantizar el acceso equitativo a las instituciones públicas.
