Tras casi un año de trabajo, el comité integrante de los Estados Generales de la Información (EGI) ha presentado en París un informe con quince propuestas destinadas a proteger y desarrollar el derecho a la información en Francia. Iniciados en octubre de 2023 por el presidente Emmanuel Macron, los EGI tenían la misión de encontrar «nuevos equilibrios» en un panorama mediático en plena mutación y en un contexto de «desconfianza global».
Durante este año, los responsables del proyecto han mantenido audiencias con decenas de periodistas, ciudadanos, editores y expertos en un proceso independiente y colaborativo.
El informe, presentado en el Consejo Económico, Social y Ambiental (CESE), destaca la urgencia de salvaguardar el derecho a la información tanto para quienes la producen como para quienes la consumen. «Es la hora de salvaguardar el derecho a la información, para aquellos que la hacen. Y al desarrollo del derecho a la información para aquellos a quienes está destinada», resume el documento.
Principales propuestas
Entre las quince propuestas el informe aboga por hacer de la educación en el pensamiento crítico y en los medios una prioridad en las escuelas. Se propone que esta formación sea obligatoria hasta el tercer curso de secundaria, impartida por profesionales, para ayudar a los estudiantes a comprender cómo se fabrica la información.
Además, los EGI recomiendan extender el estatus de «sociedad con misión» a las empresas de información, lo que implicaría una «organización específica», «compromisos en materia de diversidad de los temas abordados y de los puntos de vista» y «asociar a la redacción en el cambio de dirección decidido por el accionista».
Otra propuesta busca «mejorar la gobernanza de los medios de información», mediante la redacción de una carta deontológica entre la dirección y la redacción, y la instauración de comités de ética paritarios.
También se sugiere reforzar la protección de las fuentes periodísticas y legislar contra las «procedimientos mordaza» (SLAPPs), demandas judiciales sin fundamento real destinadas a intimidar y limitar la libertad de expresión.
Para combatir la desinformación, el informe propone «neutralizarla» mediante una «sensibilización preventiva a gran escala». En este sentido, se sugiere desarrollar estrategias de «pre-bunking», es decir, anticiparse a las noticias falsas antes de que se propaguen.
Los EGI también recomiendan implementar una «etiquetación voluntaria de los influenciadores de información» que respeten exigencias reforzadas en materia de tratamiento de la información. Asimismo, proponen «redistribuir, mediante una contribución obligatoria, parte de la riqueza que se ha desplazado hacia las plataformas digitales, en beneficio de los productores de información», apuntando así a los gigantes tecnológicos que captan gran parte de los ingresos publicitarios.
En cuanto al pluralismo mediático, el informe sugiere «asegurar el pluralismo de los medios en el marco de las operaciones de concentración», estableciendo nuevos criterios para medir la influencia real de un grupo mediático, incluyendo su presencia en el ámbito digital.
Propuestas a nivel europeo
A nivel europeo, los EGI proponen «inscribir el derecho a la información en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea». También abogan por «favorecer un derecho al pluralismo de los algoritmos para permitir al consumidor ejercer una elección informada entre los productos proporcionados por diferentes proveedores».
Otras medidas incluyen «abrir el mercado publicitario en línea a la competencia» y «obligar a las grandes plataformas a mostrar los contenidos de información de forma equitativa». Finalmente, sugieren preparar un «acto II» del Reglamento sobre los servicios digitales para luchar contra la desinformación y el ciberacoso.
Reacciones encontradas
Aunque algunas de las propuestas han sido bien recibidas, especialmente las relacionadas con la educación y la protección de las fuentes, el informe ha generado críticas por parte de ciertos sectores que lo consideran insuficiente frente a los desafíos actuales.
«Se trata de una inmensa decepción», declaró Alexis Lévrier, investigador citado por The Conversation. Según Lévrier, las soluciones propuestas «no están a la altura» de la urgencia democrática y no abordan adecuadamente el problema de la concentración de los medios en manos de grandes grupos con intereses políticos.
En particular, se critica la ausencia de un «derecho de aprobación» para las redacciones en la designación de sus directores. «El principal problema en Francia es la concentración de los medios en manos de millonarios que tienen un proyecto directamente político», señala Lévrier.
La propuesta del informe se limita a que «el accionista esté obligado a informar a la redacción sobre su intención, en plazos que permitan a las organizaciones representativas expresar su punto de vista», una medida considerada insuficiente por muchos periodistas.
Por su parte, los sindicatos de periodistas SNJ, CGT y CFDT han expresado que «si bien numerosas recomendaciones van en la buena dirección, otras carecen de claridad o de ambición». Según ellos, esto es «sin duda el resultado de un compromiso destinado a satisfacer a los propietarios de la prensa».
El desafío de la implementación
Ahora, corresponde a los profesionales y a los parlamentarios tomar en cuenta estas propuestas. Sin embargo, el contexto político actual, con una Asamblea Nacional muy dividida, podría dificultar la adopción de las medidas legislativas necesarias.
«Necesitamos voluntad política para traducir las propuestas en hechos», afirmó Bruno Patino durante la presentación del informe. No obstante, como señala Le Nouvel Observateur, «con la nueva situación política, nadie sabe qué va a suceder con este trabajo».
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