La captura de los medios, entendida como el proceso por el que gobiernos, élites económicas, propietarios, reguladores o grandes plataformas condicionan la independencia editorial sin recurrir necesariamente a la censura directa, se ha convertido en una amenaza para la confianza pública en el periodismo.
El informe The Architecture of Media Capture. Typologies, Global Patterns, and the Tech Threat, publicado en abril de 2026 por el Media and Journalism Research Center (MJRC) y firmado por Marius Dragomir, sostiene que esta forma de control altera lo que los ciudadanos ven, escuchan y acaban creyendo, y debilita las condiciones necesarias para una información fiable, diversa y capaz de fiscalizar al poder.
Dragomir define la captura mediática como una situación en la que buena parte o la totalidad de las instituciones informativas funcionan dentro de un cartel político-empresarial que controla y manipula el flujo de información para proteger su acceso a recursos públicos. A diferencia de la censura clásica, la captura no siempre cierra medios ni prohíbe publicar. Mantiene la apariencia de pluralismo, con cabeceras, televisiones, portales o plataformas en funcionamiento, pero reduce la posibilidad de que el periodismo cuestione de forma efectiva a quienes concentran poder político, económico o tecnológico.
El estudio señala que los sistemas capturados pueden conservar decenas o centenares de medios, pero pierden la capacidad de producir periodismo con autonomía real. El problema, según el informe, no es solo cuántos medios existen, sino si esos medios pueden investigar, contrastar, priorizar asuntos incómodos y ofrecer a la ciudadanía una información no subordinada a los intereses de quienes controlan su financiación, su propiedad, su regulación o su distribución.
La tesis central del trabajo es que la captura mediática se ha convertido en una de las crisis de gobernanza del siglo XXI. Dragomir sostiene que las amenazas contemporáneas a la libertad de prensa ya no proceden solo de la censura abierta o del monopolio estatal de los medios, sino de mecanismos más difíciles de detectar: reguladores sometidos a intereses políticos, medios públicos convertidos en instrumentos gubernamentales, publicidad estatal asignada de forma discriminatoria, propietarios alineados con el poder, dependencia económica de plataformas tecnológicas y acuerdos de financiación que condicionan la autonomía editorial.
Cuatro mecanismos principales de captura
El informe identifica cuatro mecanismos principales de captura.
- El primero es el control de los reguladores, que permite premiar o castigar a medios mediante licencias, frecuencias, sanciones o decisiones administrativas.
- El segundo es la subordinación de los medios públicos, cuya credibilidad institucional puede convertirse en una herramienta de propaganda si sus órganos de gobierno y sus nombramientos quedan bajo control político.
- El tercero es el uso de la financiación estatal como instrumento de disciplina, sobre todo mediante publicidad pública, subvenciones o contratos asignados de forma opaca.
- El cuarto es la toma de propiedad de medios por parte de oligarcas, grupos empresariales o sociedades interpuestas cuyas decisiones editoriales responden a intereses políticos más que comerciales.
Dragomir sostiene que estos mecanismos pueden actuar por separado, pero producen sus efectos más graves cuando se combinan. En esos casos, la independencia editorial no desaparece siempre mediante una orden explícita, sino a través de incentivos, dependencias y cálculos de supervivencia. Los editores aprenden qué coberturas pueden poner en riesgo la financiación, los propietarios orientan la línea editorial según sus intereses políticos o empresariales y los periodistas interiorizan qué asuntos conviene evitar.
El informe vincula de forma directa la captura mediática con la pérdida de credibilidad del periodismo. La confianza pública se resiente cuando la ciudadanía percibe que los medios no actúan como fiscalizadores del poder, sino como piezas de una estructura de intereses políticos, económicos o tecnológicos. El estudio advierte de que una democracia necesita ciudadanos capaces de formarse juicios sobre asuntos públicos y que esos juicios solo pueden construirse sobre información fiable, diversa y no orientada sistemáticamente a los intereses de quienes controlan su producción y distribución.
La captura opera, según Dragomir, como una forma nueva de censura. No se basa siempre en impedir que una noticia se publique, sino en modificar qué temas se consideran prioritarios, qué investigaciones reciben recursos, qué historias se minimizan, qué voces quedan fuera y qué asuntos se presentan como irrelevantes. El resultado es un periodismo que puede seguir siendo formalmente libre, pero que queda condicionado en su capacidad de revelar hechos incómodos o de sostener la rendición de cuentas.
El documento analiza varios modelos internacionales de captura. Rusia aparece como prototipo de control total del sistema mediático; Hungría, como caso de manual de reorganización institucional del ecosistema informativo; Turquía, como modelo basado en dependencias empresariales y familiares; Egipto, como ejemplo de control directo por servicios de inteligencia; Israel, como caso de influencia de un multimillonario sobre el mercado informativo; y Estados Unidos, como modelo emergente de captura tecno-oligárquica vinculada a propietarios tecnológicos, plataformas, inteligencia artificial, financiación y distribución de información.
El caso estadounidense ocupa un lugar destacado en el informe porque introduce una dimensión nueva. Dragomir sostiene que la captura ya no afecta solo a medios concretos, sino también a las infraestructuras a través de las cuales circula la información. Las plataformas digitales, los motores de búsqueda, las redes sociales, los sistemas de inteligencia artificial, los acuerdos de licencia de contenidos y las ayudas económicas a redacciones pueden influir en qué información llega al público, qué medios sobreviven y bajo qué condiciones económicas trabajan los periodistas.
La vulnerabilidad financiera del periodismo aparece como una de las condiciones que hacen posible la captura. El informe señala que la pérdida de ingresos tradicionales y la migración de la publicidad hacia las plataformas han dejado a muchas organizaciones informativas dependiendo de fuentes alternativas de financiación. Esa dependencia puede adoptar formas distintas: publicidad estatal, propietarios con intereses políticos, ayudas de plataformas, acuerdos con empresas de inteligencia artificial o contratos vinculados a grupos empresariales. El problema, según Dragomir, no es la existencia de apoyo económico al periodismo, sino la opacidad, la discrecionalidad y la gestión interesada de esos recursos.
El estudio plantea que la recuperación de la confianza en el periodismo no puede apoyarse solo en declaraciones éticas o campañas de reputación. Requiere condiciones estructurales que protejan la independencia: reguladores autónomos, medios públicos blindados frente al control partidista, criterios transparentes para la asignación de fondos públicos, normas de transparencia sobre la propiedad, mecanismos de financiación que reduzcan la dependencia de un único patrocinador y relaciones directas entre medios y lectores.
Dragomir defiende que la respuesta a la captura no pasa por eliminar el apoyo público al periodismo, sino por democratizarlo. El informe propone sustituir los flujos discrecionales y políticamente gestionados por mecanismos transparentes, reglados e independientes que sostengan la infraestructura periodística sin convertirla en dependiente del poder. También señala la necesidad de fortalecer la educación periodística, los estándares profesionales y la capacidad de resistencia de las organizaciones informativas.
El informe concluye que la captura de los medios afecta a algo más que a la viabilidad económica de las empresas periodísticas o a las condiciones laborales de los periodistas. El fenómeno compromete las condiciones básicas de la vida democrática, porque limita el acceso de la ciudadanía a información fiable, diversa y capaz de fiscalizar a quienes toman decisiones públicas o concentran poder económico. La credibilidad del periodismo, según se desprende del análisis, depende de que los medios puedan demostrar independencia no solo en sus principios editoriales, sino también en sus estructuras de propiedad, financiación, distribución y gobernanza.
