El periodismo en las Américas ya no se enfrenta únicamente a la violencia física, la censura directa o la persecución judicial, sino a una presión económica creciente que actúa como un mecanismo silencioso para debilitar y silenciar a los medios independientes, según advierte Pierre Manigault, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su mensaje de fin de año, en el que identifica la falta de sostenibilidad financiera como una de las amenazas más eficaces y menos visibles contra la libertad de prensa.
El presidente de la SIP subraya que la desaparición de un medio no puede interpretarse solo como un fracaso empresarial, sino como una pérdida directa para el derecho de la sociedad a estar informada, al erosionar el debate público y debilitar los mecanismos de rendición de cuentas, un escenario que, a su juicio, facilita la expansión de tendencias autoritarias en sistemas democráticos con medios frágiles.
En su balance anual, Manigault detalla que la organización mantuvo durante 2025 misiones internacionales en Guatemala, Panamá, Costa Rica, Perú y Estados Unidos para constatar el aumento de presiones contra periodistas y empresas informativas mediante acoso judicial, demandas desproporcionadas, abusos regulatorios y campañas de estigmatización impulsadas desde el poder político, una situación que describe como especialmente grave en Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde los gobiernos, según la SIP, reprimen de forma sistemática al periodismo independiente.
El mensaje recoge también la persistencia de la violencia directa y del crimen organizado contra periodistas, expresada en asesinatos, amenazas y silenciamientos forzados, en contextos marcados por la falta de protección estatal y por una impunidad que, según Manigault, alimenta un círculo de repetición de los ataques y obliga a un número creciente de reporteros a exiliarse para preservar su vida y continuar informando.
En este marco, la SIP destaca avances en la lucha contra la impunidad alcanzados este año a través de acuerdos con el Estado colombiano para otorgar reparaciones a las familias del periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado y del fotógrafo Jorge Enrique Torres Navas, asesinados en 1991, así como a la familia de Guillermo Cano, director de El Espectador, asesinado en 1986, acuerdos que la organización interpreta como pasos hacia la verdad, la memoria y la justicia.
Ante el aumento del desplazamiento forzado, la SIP impulsó la creación de la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (RELPEX), concebida como una estructura de apoyo a periodistas y medios desplazados para que puedan continuar su labor profesional fuera de sus países, una iniciativa que, según el presidente de la organización, parte del principio de que el exilio no debe traducirse en silencio informativo.
El mensaje advierte además de que esta crisis ha dejado de ser exclusiva de América Latina y se ha extendido a Estados Unidos, donde la prensa se ha convertido en objetivo directo de ataques políticos sostenidos que buscan desacreditarla y debilitar la libertad de expresión, poniendo de relieve la vulnerabilidad de garantías históricas como la Primera Enmienda.
Manigault sitúa la sostenibilidad económica como uno de los principales desafíos estructurales para la libertad de prensa, agravado por la expansión de la inteligencia artificial, que, aunque ofrece oportunidades de innovación, plantea interrogantes éticos y económicos sobre el uso de contenidos periodísticos y la necesidad de establecer mecanismos de compensación justa, al tiempo que advierte del riesgo de que los algoritmos amplifiquen la desinformación en ausencia de un periodismo sólido.
De cara a 2026, el presidente de la SIP sostiene que la libertad de prensa no debe presentarse como un obstáculo para el poder, sino como una obligación de los Estados y un pilar del derecho de la sociedad a saber, y apela a la cooperación entre medios, periodistas, asociaciones de prensa, empresas tecnológicas y gobiernos como única vía para responder a lo que describe como un ataque coordinado contra la verdad, reafirmando el compromiso de la organización con los principios de las Declaraciones de Chapultepec y de Salta.
