España ha incorporado formalmente a su ordenamiento buena parte de las exigencias del nuevo Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés), que entró plenamente en vigor en agosto de 2025, pero mantiene déficits relevantes en su aplicación efectiva, especialmente en la independencia real de los medios públicos, en la transparencia del reparto de la publicidad institucional y en los mecanismos para proteger el pluralismo informativo frente a la influencia política y económica.
Esta es la principal conclusión del Media Capture Monitoring Report: Spain, elaborado por el International Press Institute (IPI) y el Media and Journalism Research Center (MJRC), que analiza de forma sistemática hasta qué punto el sistema mediático español está alineado con las nuevas normas europeas destinadas a frenar la captura política de los medios .
El informe sitúa a España en una posición intermedia dentro del contexto europeo. El marco legal recoge muchas de las salvaguardas exigidas por el EMFA, pero su desarrollo institucional y su funcionamiento cotidiano siguen condicionados por dinámicas políticas y administrativas que limitan la independencia efectiva del ecosistema mediático. Esta distancia entre el diseño normativo y la práctica es, según los autores, uno de los principales riesgos para el cumplimiento real del reglamento.
Uno de los ejes del análisis es la independencia de los reguladores. España ha optado por situar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como autoridad central en materia de supervisión audiovisual y de medios, una decisión que formalmente cumple con los requisitos europeos.
La CNMC cuenta con autonomía legal, mandatos no renovables de seis años para sus consejeros y mecanismos de control parlamentario y judicial. Sin embargo, el informe subraya que esta independencia es parcial en la práctica, debido a su dependencia presupuestaria del Estado y a un sistema de nombramientos que, aunque reglado, sigue siendo de naturaleza política. La necesidad de solicitar recursos adicionales para asumir las nuevas competencias derivadas del EMFA y del Reglamento de Servicios Digitales refuerza, según el estudio, la percepción de una autonomía funcional limitada.
La situación es más problemática en el ámbito de los medios públicos. Radiotelevisión Española dispone de una base legal que proclama su independencia editorial y su obligación de ofrecer información plural y veraz, pero su sistema de gobernanza ha sido objeto de continuas reformas desde 2006. El informe señala que la última modificación, aprobada en 2024, ha ampliado el consejo de administración hasta 15 miembros y ha vuelto a permitir su elección por mayoría absoluta en segunda votación parlamentaria, lo que reduce las exigencias de consenso.
En la práctica, la mayoría de los consejeros mantienen vínculos políticos explícitos con los partidos que los propusieron, un factor que, según el análisis, debilita la independencia efectiva del ente público y lo sitúa solo en un cumplimiento parcial de las exigencias del EMFA.
La financiación de RTVE constituye otro punto crítico. La supresión de la publicidad comercial y su sustitución por un sistema basado en aportaciones presupuestarias y tasas al sector audiovisual pretendía blindar la autonomía económica del servicio público. No obstante, la ausencia de mandatos marco actualizados y de contratos programa en vigor desde hace años deja la financiación sometida a negociaciones presupuestarias anuales, lo que introduce un elemento de incertidumbre incompatible con los criterios europeos de estabilidad y previsibilidad.
El uso de fondos públicos para influir en los medios es, según el informe, una de las áreas más opacas del sistema español. La legislación sobre publicidad institucional establece principios generales de transparencia y objetividad, pero no obliga a publicar el reparto detallado de las campañas entre los distintos medios ni los criterios concretos utilizados para esa distribución. Los planes y memorias anuales recogen importes globales y agencias adjudicatarias, pero no permiten conocer qué medios reciben los fondos ni en qué cuantía. Esta falta de información impide evaluar el impacto real de la publicidad institucional sobre el pluralismo y abre la puerta a decisiones discrecionales, una práctica que el EMFA busca corregir de forma explícita.
En materia de pluralismo y propiedad de los medios, España ha avanzado de forma significativa en el sector audiovisual, donde existen registros públicos y obligaciones de transparencia sobre accionistas relevantes. Sin embargo, el informe destaca que estas exigencias no se extienden a la prensa ni a los medios digitales no audiovisuales, que quedan fuera de cualquier base de datos nacional integrada sobre propiedad y financiación. Tampoco existe un test transversal de pluralismo que obligue a evaluar, caso por caso, el impacto de las concentraciones empresariales sobre la diversidad informativa y la independencia editorial, más allá de los criterios clásicos de competencia económica.
El estudio sitúa estos problemas en un contexto europeo más amplio. Otros Estados miembros afrontan desafíos similares, pero el EMFA introduce por primera vez obligaciones homogéneas y mecanismos de supervisión que permitirán comparaciones más precisas y un mayor escrutinio comunitario. En ese marco, España aparece como un país con una arquitectura legal avanzada, pero con carencias persistentes en transparencia, gobernanza y control efectivo.
El informe concluye que la plena adaptación al EMFA no exige únicamente cambios legislativos, sino también reformas institucionales y culturales que refuercen la independencia real de los reguladores, profesionalicen la gestión de los medios públicos y conviertan la transparencia en publicidad institucional y propiedad mediática en una práctica verificable y accesible para periodistas y ciudadanos. En ausencia de estos ajustes, advierten los autores, el cumplimiento formal del reglamento corre el riesgo de quedarse en una garantía más teórica que efectiva para la libertad de los medios en España.
