En los últimos años, muchos medios han levantado la voz para exigir que las redes sociales asuman su responsabilidad sobre lo que circula en sus plataformas. Se les pide que controlen los bulos, los discursos de odio y las estafas financieras que se propagan con impunidad. Y así debe ser. Pero al mismo tiempo, esos mismos medios que claman por la rendición de cuentas ajena parecen mirar hacia otro lado cuando el problema se produce dentro de sus propias casas.
Justo en esta línea, la defensora del lector de El País publicó este fin de semana un artículo titulado “La Hidra del fraude digital: parásitos alojados como anuncios en la web”, en el que reconoce que el periódico ha alojado, a través de una conocida plataforma de publicidad nativa, anuncios fraudulentos que conducían a estafas financieras. Es decir: mientras se alerta sobre la falta de control en las redes, el fraude se cuela en los márgenes de las noticias de uno de los diarios de referencia, bajo el rótulo de “contenidos patrocinados”.
El caso es paradigmático porque muestra con claridad el doble rasero del sector: se exige a las tecnológicas una vigilancia extrema sobre los contenidos, pero los medios externalizan su propio control a intermediarios opacos. En nombre de la monetización, se delega en algoritmos y proveedores externos la gestión de la publicidad, como si la ética periodística pudiera suspenderse en los espacios pagados. La consecuencia es que un lector que confía en una cabecera puede encontrarse, a pocos centímetros de un artículo sobre desinformación, un enlace que le lleva directo a una estafa.
Se delega en algoritmos y proveedores externos la gestión de la publicidad, como si la ética periodística pudiera suspenderse en los espacios pagados
La defensora explica que el diario ha reforzado sus filtros y reclamado a Taboola un sistema más eficaz de bloqueo. Pero el daño reputacional no se soluciona con un parche técnico. El problema es de coherencia. No se puede construir un discurso de responsabilidad informativa y, a la vez, aceptar que el contenido patrocinado escape al control editorial. No se puede reclamar ética digital a las redes y tolerar que, en nombre del rendimiento económico, los propios medios alberguen los mismos engaños que denuncian.
El periodismo no pierde credibilidad por los ataques externos, sino por las incoherencias internas. Si se defiende la transparencia y la protección del lector, esa exigencia debe empezar por casa. Porque el fraude no solo parasita las redes: también se alimenta de la credibilidad que los medios están dispuestos a vender.
