El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá esta semana un informe crítico sobre el anteproyecto de ley que regula el secreto profesional de los periodistas. El documento, elaborado por dos vocales del órgano, considera que el texto impulsado por el Gobierno presenta “insuficiencias y fallas” y ofrece una “protección más débil” que la prevista en el reglamento europeo sobre la materia.
El anteproyecto, aprobado el pasado julio por el Consejo de Ministros, pretende establecer los límites y garantías del derecho de los profesionales de la información a no revelar sus fuentes. Sin embargo, el borrador del CGPJ advierte que los artículos 5 y 6 del texto introducen un marco de limitación “imprevisible” que no se ajusta a los estándares de claridad y precisión exigidos por el Tribunal Constitucional y la normativa europea. Según el documento, las restricciones al secreto profesional no permiten a los periodistas conocer con seguridad qué circunstancias justificarían la revelación de sus fuentes o cómo se equilibrarían este derecho con otros bienes de relevancia constitucional.
Entre las observaciones más relevantes, el Consejo apunta que el proyecto incorpora las previsiones del reglamento europeo “de forma acrítica”, lo que podría generar un nivel de protección inferior al que actualmente reconoce la legislación española. También se señala que la norma otorga al juez un margen excesivamente amplio para interpretar qué razones pueden justificar la vulneración del secreto profesional, apoyándose en conceptos jurídicos indeterminados como el de “razones imperiosas de interés general”.
El informe recuerda que la protección de las fuentes periodísticas constituye una garantía esencial para el ejercicio del derecho a la información y que su debilitamiento podría desincentivar a quienes colaboran con los medios en la divulgación de hechos de interés público. Por ello, el CGPJ sugiere revisar los límites establecidos en la norma con el fin de “dotar de mayor seguridad jurídica y certidumbre” a los casos en que pueda autorizarse la revelación de fuentes.
Una vez aprobado, el informe será remitido al Gobierno junto con los dictámenes del Consejo de Estado y la Fiscalía General. Aunque no son vinculantes, sus conclusiones podrían influir en las modificaciones del texto antes de su tramitación parlamentaria.
