La catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, Elena Núñez Castaño, y el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pablo de Olavide, Galán Muñoz, encabezan un proyecto de investigación que busca identificar los principales riesgos asociados a la desinformación en el mundo digital y explorar posibles mecanismos que permitan controlarlos de manera más eficaz en un contexto en el que las sociedades democráticas se enfrentan a un fenómeno creciente y con múltiples implicaciones.
El equipo de investigadores y juristas presentará parte de este trabajo en un congreso internacional en la Universidad de Sevilla, donde se abordarán los nuevos retos legales que plantea la circulación de información falsa. Entre los elementos que se analizarán figuran las tensiones que genera cualquier intento de regulación en materia de libertad de expresión y de información, especialmente en un entorno marcado por la velocidad de difusión y la dificultad para distinguir entre contenidos verificables y mensajes manipulados.
Según publica Teleprensa, citando una nota de Europa Press, la propia Núñez subraya que los Estados han ido desarrollando mecanismos de control para frenar los efectos perjudiciales de la desinformación, aunque advierte de que aún no existe una vía penal o administrativa plenamente eficaz para hacer frente a estas conductas. El proyecto toma como punto de partida la comprobación de ese vacío normativo y la necesidad de estudiar qué instrumentos podrían articularse para prevenir las consecuencias de campañas organizadas de desinformación o la difusión de noticias falsas que influyan en la toma de decisiones de la ciudadanía.
La investigadora señala la importancia de avanzar hacia una regulación que establezca límites y reglas claras en materia de comunicación e información en redes e internet, ya sea mediante nuevos tipos penales pensados para dar respuesta a riesgos que afecten a la seguridad nacional o mediante marcos administrativos que definan principios éticos aplicables a quienes generan o difunden información. Pese a ello, advierte de que cualquier propuesta legislativa deberá equilibrarse con la protección de los derechos fundamentales implicados, un equilibrio que considera especialmente complejo.
El fenómeno, recuerda Núñez, no es nuevo y ha estado históricamente vinculado a objetivos electorales, estrategias de desprestigio, polarización ideológica, manipulación de mercados o promoción de discursos discriminatorios u ofensivos. Esa versatilidad, afirma, convierte la desinformación en un elemento capaz de incidir en ámbitos tan diversos como la salud pública, el medio ambiente, la seguridad del Estado, el orden público o incluso el propio funcionamiento del sistema democrático.
Núñez explica que, en la actualidad, las consecuencias legales sólo pueden producirse cuando se demuestra que la información falsa ha vulnerado un derecho fundamental o un bien jurídico protegido. Entre los intentos de intervención existentes cita la Ley alemana para la mejora del cumplimiento del Derecho en las redes sociales de 2017 y la Ley francesa contra el discurso de odio en internet de 2020, además de diferentes resoluciones europeas orientadas a la prevención, aunque todas ellas han generado debates sobre su posible impacto en derechos fundamentales.
