El Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León ha trasladado su preocupación por los primeros despidos de profesionales de la información producidos a raíz de la aplicación de la nueva Ley de Publicidad Institucional, una normativa que, según advierte la organización, ya está generando efectos laborales en distintos medios y podría continuar agravando la situación en las próximas semanas si no se modifican sus disposiciones o si el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no concede las medidas cautelares solicitadas por los 25 medios que han recurrido la ley por considerarla contraria a la Constitución.
El decano del Colegio, Pedro Lechuga, recuerda que antes de la aprobación de la norma tanto la entidad profesional como representantes de medios trasladaron a los grupos políticos sus advertencias sobre las consecuencias que tendría el texto si no se introducían cambios. La ley salió adelante con los votos del PSOE, Vox y los procuradores de Podemos, Pablo Fernández, y Francisco Igea, entonces vicepresidente de la Junta.
El dictamen emitido en su momento por el Consejo Consultivo señala que la norma autonómica no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por el Estado, por lo que la inclusión de vetos a medios condenados mediante sentencia firme podría invadir competencias estatales y derivar en su nulidad.
Además, el informe cuestiona el límite del 33 % de la facturación anual como tope a los ingresos procedentes de publicidad institucional, al no encontrar respaldo en la legislación básica y considerarlo un mecanismo arbitrario que afecta a la libre concurrencia. El documento también apunta a la vulneración del principio de igualdad y a una invasión competencial en lo relativo a la subrogación de trabajadores vinculados a concesiones de la televisión autonómica.
