La libertad de información en España cerró 2025 atravesada por un conjunto de tensiones estructurales que, sin traducirse en censura directa, están reduciendo de forma progresiva el espacio efectivo para el ejercicio del periodismo y debilitando la calidad del debate democrático, según recoge el informe La libertad de información en España. Balance 2025, elaborado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) a partir de su seguimiento anual y del análisis de fuentes europeas e internacionales especializadas .
El informe constata que España mantiene un marco democrático formal y garantías legales básicas, pero identifica la consolidación de dinámicas de presión acumulativa que afectan al trabajo de los informadores, entre ellas agresiones y acoso, inseguridad jurídica, opacidad institucional y reformas normativas controvertidas. La PDLI advierte de que el riesgo no reside en un retroceso abrupto, sino en un desgaste progresivo que vacía de contenido el derecho a la información cuando informar implica asumir riesgos personales, legales o económicos desproporcionados.
Durante 2025 se registraron agresiones físicas, amenazas graves y campañas de acoso digital contra periodistas, especialmente en contextos de alta polarización política. El informe documenta episodios de hostigamiento durante la cobertura de manifestaciones, amenazas de muerte y ataques de carácter intimidatorio tanto desde actores privados como desde cargos públicos, con un impacto directo sobre la seguridad de los profesionales y un efecto disuasorio sobre determinadas coberturas informativas.
Uno de los hitos más relevantes del año fue la imputación de varios periodistas por informar sobre un asunto de alto interés público, un hecho que la PDLI comunicó a la Comisión Europea y que quedó recogido en el Informe sobre el Estado de Derecho 2025. El balance subraya que este tipo de actuaciones desplaza el foco desde las fuentes hacia los informadores y abre la puerta a la criminalización del ejercicio periodístico, con consecuencias potenciales para la investigación y la publicación de informaciones sensibles.
El análisis identifica también un incremento de las restricciones indirectas al acceso a la información, como el aumento de comparecencias institucionales sin turno de preguntas, los retrasos reiterados en la respuesta a solicitudes de información pública y la falta de avances en la reforma del régimen de secretos oficiales, considerado uno de los más restrictivos del entorno europeo. Estas prácticas, aunque no constituyen censura formal, limitan el contraste informativo y refuerzan un modelo de comunicación pública unidireccional controlado por las instituciones.
El informe dedica un apartado específico a las reformas legales y proyectos normativos que marcaron el debate legislativo de 2025 y que tienen un impacto directo sobre la libertad de prensa y el secreto profesional. Entre ellos figura el anteproyecto de Ley de Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, aprobado por el Consejo de Ministros y pendiente de tramitación parlamentaria al cierre del año, sobre el que organizaciones profesionales reclaman garantías reforzadas de control judicial previo, proporcionalidad y protección del secreto profesional.
También se analiza la reforma del derecho de rectificación en el entorno digital, cuyo alcance ampliado plantea interrogantes sobre seguridad jurídica y posibles efectos disuasorios, así como el anteproyecto de Ley Orgánica del Secreto Profesional de los periodistas, que según la PDLI y el Consejo General del Poder Judicial podría ofrecer una protección inferior a la actualmente existente debido a la amplitud e imprecisión de sus excepciones.
El proyecto de Ley de Información Clasificada es otro de los puntos señalados en el balance, al mantener plazos de clasificación prolongados y carecer de mecanismos de control independientes suficientemente robustos, lo que dificulta el acceso a documentos de interés público y condiciona el trabajo del periodismo de investigación. A este conjunto de reformas se suma el debate sobre la gobernanza y la independencia de los medios públicos, especialmente tras los cambios introducidos en el sistema de nombramientos de RTVE y las movilizaciones registradas en radiotelevisiones públicas autonómicas en defensa de la autonomía editorial.
De cara a 2026, la PDLI sitúa en el radar la tramitación de las reformas pendientes en materia de servicios digitales, secreto profesional, información clasificada, medios públicos y derecho de rectificación, así como la aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios y del Reglamento de Servicios Digitales, la transposición de la directiva europea contra las demandas abusivas (anti SLAPP), la evolución del acceso a la información pública, el aumento del acoso digital y la garantía del pluralismo y la independencia de los medios públicos.
El informe incorpora además una serie de recomendaciones dirigidas al legislador y a las instituciones públicas, orientadas a reforzar el secreto profesional, limitar sus excepciones, introducir controles independientes y asegurar que la regulación del entorno digital respete plenamente la libertad de información y el control judicial efectivo.
