Un nuevo informe de Reporteros Sin Fronteras concluye que el concepto de seguridad nacional se está utilizando cada vez más para criminalizar el periodismo, restringir investigaciones de interés público, vigilar a reporteros y justificar detenciones, procesos judiciales y censura. El documento, titulado Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo, analiza esta tendencia mundial y plantea diez recomendaciones para reforzar las garantías democráticas.
La organización sostiene que leyes pensadas originalmente para proteger a los Estados frente a amenazas graves se están aplicando contra periodistas que investigan asuntos de interés público. La deriva afecta tanto a regímenes autoritarios como a democracias, y se expresa mediante acusaciones de espionaje, terrorismo, traición, propaganda, difusión de información falsa o atentado contra los intereses del Estado.
El informe se alinea con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF, que ha detectado un deterioro del indicador legal en más del 60% de los países entre 2025 y 2026. Para la organización, la elusión de las leyes protectoras de la prensa y el recurso a normas de excepción o de derecho común contra periodistas se han convertido en un fenómeno global.
RSF cita casos como los de Turki al-Jasser, en Arabia Saudí; Frenchie Mae Cumpio, en Filipinas, o Zhang Zhan, en China, todos ellos condenados en nombre de la seguridad nacional entre 2020 y 2026. El primero fue ejecutado y las otras dos periodistas fueron encarceladas. La organización considera que estos casos reflejan una tendencia mucho más amplia, visible desde Gaza hasta Hong Kong, Moscú, Managua o Crimea.
El informe también recoge episodios recientes. Entre ellos, la inclusión del medio independiente Crimean Solidarity en el registro ruso de “agentes extranjeros”, las citaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos a periodistas de The Washington Post y The Wall Street Journal en una investigación sobre filtraciones de seguridad nacional, o la nueva ley china aprobada el 1 de julio de 2026, que amplía las actividades consideradas terrorismo y que, según RSF, puede utilizarse contra periodistas en el exilio, especialmente de la minoría uigur.
Uno de los casos destacados es el de Ariane Lavrilleux, periodista del medio Disclose. Lavrilleux fue acusada en Francia de vulnerar el secreto de la defensa nacional tras publicar una investigación sobre una misión de inteligencia francesa que, según la información difundida, habría sido desviada por Egipto para atacar a civiles. La causa fue archivada en octubre de 2025, al considerar la juez que los artículos respondían al interés general y al debate democrático, pero la Fiscalía General recurrió la decisión.
RSF advierte además de que los conflictos armados facilitan la instrumentalización de la seguridad nacional para controlar la información. El informe pone el foco en Gaza y Cisjordania, donde denuncia detenciones y encarcelamientos de periodistas palestinos por parte del Ejército israelí bajo argumentos de lucha contra el terrorismo. También señala la presión sobre la prensa en el Sahel y la imposición de coberturas patrióticas en zonas de guerra o crisis política.
La organización subraya que esta lógica se está extendiendo a democracias consolidadas. Cita el endurecimiento de sanciones en el Reino Unido bajo la Ley de Seguridad Nacional de 2023, la condena del periodista Juha Mäntylä en Finlandia, las escuchas al periodista Thanasis Koukakis en Grecia o los procesos contra Julian Assange en Estados Unidos al amparo de la Ley de Espionaje.
El abuso de la vigilancia es otro de los ejes del informe. RSF señala que China mantiene uno de los sistemas de control más sofisticados del mundo, pero advierte de que el uso ilegal o desproporcionado de herramientas de vigilancia también crece en países democráticos. En Grecia, al menos 13 profesionales de los medios fueron víctimas del software espía Predator, mientras que en Chile el periodista Mauricio Weibel Barahona fue objeto de vigilancia ilegal tras investigar corrupción en el Ejército.
El documento también alerta sobre la expansión del concepto de seguridad nacional a ámbitos cada vez más amplios, como la salud pública, el medio ambiente, la ciberseguridad o la desinformación. Según RSF, esta indefinición permite procesar a periodistas por investigaciones alejadas de asuntos estrictamente militares. Entre los ejemplos figuran el periodista indio Rupesh Kumar Singh, detenido tras investigar contaminación industrial, o la periodista y documentalista Shin Daewe, en Myanmar.
La incidencia en América Latina
En América Latina, RSF vincula esta instrumentalización con la herencia del concepto de “enemigo interno”. El informe menciona casos y prácticas en países como Nicaragua, Brasil, Colombia, México o Chile, donde se han utilizado acusaciones de terrorismo, traición o propaganda, así como vigilancia ilegal y restricciones de acceso a la información, contra periodistas que investigan fuerzas de seguridad, crimen organizado, corrupción o conflictos medioambientales.
La dimensión transnacional es otro punto central. RSF denuncia que algunos Estados persiguen a periodistas exiliados mediante condenas en rebeldía, solicitudes de extradición, campañas de acoso, amenazas contra familiares o intentos de asesinato. La organización cita el caso del periodista kazajo Aydos Sadykov, asesinado en Ucrania tras haber sido acusado de amenazar los intereses de su país.
El informe también advierte sobre la difusión internacional de modelos represivos. Las leyes de “agentes extranjeros”, popularizadas por Rusia, han inspirado normas similares en otros países, mientras que el modelo chino de control de internet, conocido como la Gran Muralla Digital, se está reproduciendo en lugares como Vietnam, Myanmar y Camboya.
Ante esta situación, RSF plantea diez recomendaciones. Entre ellas, adoptar una definición precisa de amenaza para la seguridad nacional, garantizar la excepción de interés público en procesos por espionaje, impedir el uso de leyes antiterroristas contra periodistas, someter la vigilancia a autorización judicial previa, proteger la confidencialidad de las fuentes y evitar tribunales militares o jurisdicciones especiales en casos que afecten a profesionales de la información.
La organización también pide crear recursos efectivos contra procedimientos abusivos, preservar la libertad de prensa durante conflictos armados o estados de emergencia, impedir que la cooperación policial internacional facilite la represión transnacional y establecer un mecanismo internacional de seguimiento y alerta para detectar ataques contra periodistas exiliados.
Para RSF, el problema ya no puede interpretarse como una suma de casos aislados. La seguridad nacional se ha convertido, según el informe, en una fórmula jurídica y política cada vez más utilizada para limitar el periodismo, debilitar el control democrático y reducir el acceso de la ciudadanía a información independiente.
