Un estudio académico de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Universidad Internacional de Valencia (VIU) documenta que más de una cuarta parte de la desinformación que circuló durante la DANA de finales de octubre de 2024 tuvo su origen o fue amplificada desde entornos periodísticos profesionales, un fenómeno que, según sus autores, condicionó la opinión pública y dificultó la respuesta de las administraciones en los días más críticos.
La investigación examinó 185 noticias publicadas entre el 28 de octubre y el 17 de noviembre de 2024 e identificó 192 bulos, y sitúa además en el 75% la propagación de contenidos falsos a través de redes sociales abiertas y cerradas; el contexto de la catástrofe —que devastó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 228 fallecidos— aparece como marco de vulnerabilidad informativa.
El caso del aparcamiento subterráneo del centro comercial Bonaire, en Aldaia, se convirtió en el principal vector de desinformación durante las primeras horas y días: circularon versiones que hablaban de decenas o un centenar de cadáveres en el interior pese a no existir evidencias y a que no se hallaron fallecidos en el lugar; la amplificación de esa hipótesis infundada contó con altavoces mediáticos concretos, y se extendió con rapidez por plataformas sociales.
Los datos de distribución temática muestran patrones repetidos en crisis: una quinta parte de los 185 artículos analizados se centró en el episodio de Bonaire; casi uno de cada siete abordó bulos dirigidos contra el Gobierno y organismos oficiales; la Aemet concentró el 6,8% de los bulos identificados y entidades del tercer sector como Cruz Roja o Cáritas, el 4,7%, según publica Newtral.
El trabajo, firmado por Germán Llorca-Abad (UPV) y Alberto E. López Carrión (VIU) y difundido en la Revista Mediterránea de Comunicación, incorpora el concepto de “diagonalismo” para describir estrategias de instrumentalización política que combinan discursos de extrema derecha con mensajes tradicionalmente asociados a la izquierda —como la crítica a élites e instituciones— con el objetivo de conectar con el malestar ciudadano y erosionar la confianza en organismos públicos y entidades humanitarias.
Los autores sitúan en este marco narrativas que acusaron al Gobierno de destruir presas “construidas por el franquismo” o de ocultar información, y señalan el papel de los diseños algorítmicos en la amplificación de mensajes con alta carga emocional.
El análisis cuantifica que tres de cada cuatro bulos fueron creados con intención de engañar y que el 75% se difundieron por redes como X, Instagram o WhatsApp; el estudio subraya además que la viralidad se asoció a contenidos con indignación, miedo o rechazo hacia las instituciones.
La investigación identifica también respuestas correctoras: determinados medios contribuyeron a desmentidos y plataformas de verificación como Maldita.es, Newtral o VerificaRTVE publicaron chequeos que frenaron relatos falsos en circulación, según publica El País. En paralelo, la activación de perfiles oficiales para combatir la desinformación resultó tardía y de alcance limitado, de acuerdo con las conclusiones divulgadas por los medios citados.
Las recomendaciones de política pública incluyen protocolos de comunicación más ágiles en emergencias, alianzas operativas entre administraciones, medios y organizaciones de verificación, y refuerzo de la alfabetización mediática de la ciudadanía, con exigencias de mayor transparencia y responsabilidad a las plataformas digitales.
