El Tribunal Supremo de Brasil ha invalidado el artículo 19 del Marco Civil de Internet, la normativa que desde 2014 regulaba el uso de la red en el país, y que establecía que las plataformas digitales solo eran responsables por los contenidos ilegales publicados por sus usuarios en caso de desobedecer una orden judicial para retirarlos. A partir de ahora, y hasta que el Congreso legisle una norma sustitutiva, las redes sociales podrán ser responsabilizadas directamente por publicaciones ilícitas que difundan discursos de odio, amenazas o incitaciones al delito.
El fallo, adoptado por mayoría del pleno del Supremo, considera que el artículo 19 es inconstitucional porque “protege de forma desproporcionada” a las grandes tecnológicas frente a los daños causados por publicaciones ilegales. Según el tribunal, esta protección ha contribuido a la proliferación de mensajes antidemocráticos, contenidos misóginos, racistas o transfóbicos, así como de informaciones falsas o potencialmente delictivas.
La decisión llega en un contexto de creciente presión sobre las plataformas digitales por su papel en la expansión de discursos de odio, especialmente en periodos electorales o de crisis institucional. Entre los contenidos cuya retirada inmediata será exigible se incluyen mensajes que promuevan el terrorismo, la trata de personas, la pornografía infantil, la violencia contra las mujeres, o que inciten al suicidio o la automutilación, entre otros.
Con esta decisión, el Supremo abre la puerta a que las víctimas de este tipo de publicaciones reclamen compensaciones civiles directamente a las empresas propietarias de las redes sociales, sin necesidad de una orden judicial previa. También podrán presentar notificaciones extrajudiciales que obliguen a las plataformas a retirar contenidos, lo que representa un cambio radical respecto al régimen anterior.
El fallo no modifica automáticamente el Código Penal ni establece sanciones penales para las plataformas, pero sienta un precedente de gran alcance que el Congreso deberá regular con una nueva legislación.
En paralelo, el país se enfrenta a un repunte de fraudes digitales. Esta misma semana, medios locales han alertado sobre una estafa que suplanta a agentes de la Policía y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para acusar falsamente a usuarios de delitos de pederastia, con el fin de extorsionarlos. Las autoridades han advertido de que estas prácticas se multiplican precisamente por la dificultad de las plataformas para controlar y eliminar contenidos ilícitos.
