El tercer informe de seguimiento al Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia sitúa la difusión de información falsa, manipulada o engañosa como el principal punto de deterioro del debate público en la fase final de la elección presidencial. La Defensoría del Pueblo ha evaluado discursos, declaraciones públicas, publicaciones en X y noticias de medios nacionales y regionales relacionadas con las dos candidaturas que disputan la segunda vuelta, y ha concluido que el apartado referido a la garantía de información veraz obtuvo un 0% de cumplimiento o alineación.
El dato convierte la desinformación en el indicador más crítico del monitoreo. El informe identifica 13 hechos vinculados a la difusión de información veraz y señala que todos fueron clasificados como incumplimientos o falta de alineación con ese principio. La Defensoría relaciona esos casos con contenidos falsos, manipulados o engañosos, incluidos mensajes basados en acusaciones sobre la comisión de delitos en connivencia con actores criminales.
El seguimiento se realizó sobre el periodo comprendido entre el 31 de mayo y el 7 de junio de 2026, a pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio. La entidad recopiló 1.369 registros, integrados por 66 publicaciones procedentes de las cuentas oficiales de las candidaturas en X y 1.303 noticias de medios nacionales y regionales. Tras un proceso de filtrado mediante dos modelos de inteligencia artificial y una revisión posterior del equipo de seguimiento, la base final quedó formada por 45 hechos relevantes para la evaluación.
La Defensoría sostiene que la persistencia de contenidos falsos, manipulados o carentes de verificación suficiente afecta el derecho de la ciudadanía a participar en una deliberación democrática informada. El informe vincula este fenómeno con la capacidad de los votantes para formar libremente su opinión y ejercer el derecho al voto en condiciones de pluralidad y seguridad informativa.
El papel de las redes sociales aparece como uno de los elementos centrales del diagnóstico. El informe subraya que estas plataformas ocupan un lugar decisivo en la formación de la opinión pública y que, por ello, las candidaturas deben contrastar la información antes de difundirla, abstenerse de replicar contenidos falsos o engañosos y rectificar cuando divulguen información inexacta.
El deterioro informativo también se observa en el uso de lenguaje estigmatizante. El punto referido a promover un lenguaje constructivo y eliminar la estigmatización obtuvo un 16,7% de cumplimiento o alineación. La Defensoría identificó 12 hechos en este apartado, de los cuales 10 fueron clasificados como incumplimientos o falta de alineación. Según el informe, esos registros están relacionados con mensajes que asocian a candidatos con actores criminales y con el uso de lenguaje inflamatorio u ofensivo.
El informe señala que estas prácticas contribuyen a presentar al contradictor político como una amenaza para el orden democrático, la legalidad o la estabilidad del país. La Defensoría advierte que ese tipo de discurso reduce las posibilidades de diálogo, profundiza la polarización y puede trasladar la confrontación verbal hacia escenarios de mayor hostilidad.
La confianza institucional también aparece afectada por narrativas que cuestionan la legitimidad del proceso electoral. El punto referido al respeto de las instituciones y las reglas del ordenamiento jurídico quedó en el 20%, con hechos relacionados con el desconocimiento o desacato de decisiones judiciales, la inobservancia de normas sobre publicidad política y mensajes que ponen bajo sospecha los resultados electorales.
El único apartado que alcanzó un nivel alto fue el relacionado con el diálogo como compromiso democrático, con un 78,6%. La Defensoría registró invitaciones públicas a debatir y llamados al diálogo, pero matizó que esas manifestaciones no siempre se han traducido en espacios efectivos de deliberación respetuosa. El informe añade que algunas propuestas de debate estuvieron acompañadas de expresiones desafiantes o de información sin verificar.
La evaluación general del Compromiso quedó en el 23,3%, un nivel considerado crítico por la escala del informe. La candidatura que suscribió el Compromiso registró un 50% de cumplimiento, calculado sobre 16 hechos, mientras que la candidatura que no lo suscribió obtuvo un 8,6% de alineación, calculado sobre 29 hechos. La Defensoría subraya que ninguna de las dos candidaturas alcanzó niveles altos en el promedio general.
