El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha intensificado su política de comunicación pública con el objetivo de facilitar la comprensión de sus decisiones judiciales en un momento en el que impera la desinformación, la simplificación del debate público y el cuestionamiento del papel de la justicia, según recoge su informe anual de actividades.
La institución sitúa la visibilidad y la transparencia como elementos centrales para mantener la confianza pública en el sistema judicial europeo y para garantizar que sus resoluciones puedan ser interpretadas correctamente por la ciudadanía y por los medios de comunicación.
Entre las principales medidas adoptadas figura la publicación diaria de comunicados de prensa sobre los casos considerados más relevantes, así como la difusión semanal de información agregada sobre las solicitudes de medidas provisionales, una práctica orientada a ofrecer contexto y continuidad informativa sobre decisiones especialmente sensibles.
El Tribunal ha incorporado además vídeos explicativos asociados a las sentencias dictadas por la Gran Sala, con un enfoque pedagógico destinado a explicar el alcance jurídico y las implicaciones prácticas de los fallos más complejos.
La estrategia comunicativa incluye también un refuerzo de la presencia en plataformas digitales. En 2025, el Tribunal ha abierto una cuenta oficial en LinkedIn para difundir resoluciones, actividades institucionales y materiales explicativos sobre su funcionamiento, complementando su actividad en otros canales sociales y audiovisuales. Esta línea de trabajo se apoya en una producción creciente de contenidos audiovisuales, retransmisiones en directo de sentencias y piezas explicativas diseñadas para un consumo informativo no especializado, pero útiles también para periodistas que cubren información judicial y de derechos fundamentales.
El informe subraya que este esfuerzo comunicativo se produce en un momento en el que la desinformación y el populismo judicial son identificados como factores de riesgo para el Estado de derecho. Ante este escenario, el Tribunal defiende una comunicación más activa y estructurada como parte de su responsabilidad institucional, no solo para informar sobre sus decisiones, sino para contribuir a una interpretación rigurosa de la jurisprudencia europea y evitar lecturas parciales o distorsionadas de sus fallos.
