El Parlamento Europeo ha reclamado que las instituciones públicas divulguen sus gastos en publicidad en medios de comunicación y limiten el uso de tecnologías de vigilancia contra los periodistas. La decisión, que se enmarca en las negociaciones para la futura Ley Europea de Libertad de Medios, se ha sometido a votación y ha contado con 448 votos a favor, 102 en contra y 75 abstenciones.
Los parlamentarios europeos exigen que todas las entidades públicas hagan públicos anualmente los detalles financieros vinculados a su inversión en publicidad institucional en medios y plataformas en línea. La propuesta original de la Comisión Europea permitía ciertas excepciones para entidades que representan a menos de un millón de habitantes, pero la posición del Parlamento erradica tales excepciones. Además, estipulan que la inversión publicitaria en un solo medio o plataforma no debe exceder el 15% del presupuesto total destinado para ese propósito.
En España, aunque al igual que en otros países, el impacto puede ser importante, ya que muchas administraciones premian a los medios afines con una inversión en publicidad mucho mayor que la que le correspondería por penetración territorial (audiencia/población a la que se dirigen) o incluso por audiencia, aunque este último baremo siempre ha sido cuestionado por los medios regionales y locales, que reclaman un reparto de acuerdo con la ratio audiencia/población a la que se dirigen). Incluso, algunas administraciones subvencionan medios sin ninguna trayectoria ni audiencia.
No al software para espiar a periodistas, salvo en casos graves y con autorización judicial
En el ámbito de la seguridad de los periodistas, la Eurocámara aboga por restringir el uso de software de espionaje contra los profesionales de la información. Este uso solo sería permisible si está justificado por razones de investigación de un crimen grave, como el terrorismo o la trata de personas, y siempre que sea ordenado por una autoridad judicial independiente.
Este enfoque contrasta con la posición de los Estados miembros de la Unión Europea, quienes, a instancias de Francia, incluyeron una cláusula de “seguridad nacional” que podría justificar el empleo de dichas tecnologías.
Sabine Verheyen, principal negociadora de la legislación en el Parlamento Europeo, destacó el carácter equilibrado del texto, afirmando que “los medios no son una empresa cualquiera, son parte de la educación, el desarrollo cultural y protegen derechos como la libertad de expresión”. Añadió que se aseguraron de que “la vigilancia de los medios sea políticamente independiente y se garanticen estándares laborales mínimos para los periodistas”.
En el marco de la gobernanza en línea, la posición del Parlamento también contempla que los medios de comunicación no están exentos de la moderación de contenidos en las grandes plataformas en internet, pero tendrán 24 horas para responder a la eliminación de contenido considerado ilegal.
Las discusiones para la Ley Europea de Libertad de Medios continuarán en los próximos meses, y uno de los temas críticos será la protección de las fuentes periodísticas y la forma final del artículo relacionado con el uso de tecnologías de vigilancia.
