El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite este martes una proposición de ley que plantea modificar el Reglamento de la Cámara para introducir nuevos criterios en la concesión de acreditaciones a medios de comunicación y endurecer el régimen de sanciones aplicables a periodistas. La iniciativa, impulsada por el PSOE junto con sus socios de investidura —Sumar, PNV, Bildu, ERC, Junts y el grupo mixto—, ha contado con el rechazo de PP y Vox, que denuncian un intento de restringir la libertad de información desde un órgano de naturaleza política como la Mesa del Congreso.
La reforma afecta principalmente al artículo 98 del Reglamento y contempla, entre otras medidas, la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria y la posibilidad de aplicar sanciones que van desde el apercibimiento hasta la retirada definitiva de la acreditación. También se amplía el voto telemático a nuevos supuestos vinculados a cuidados familiares y tratamientos médicos.
La Mesa del Congreso pasará a ser el órgano encargado de renovar las acreditaciones, en función de criterios como el respeto al derecho a la información veraz y al funcionamiento de la Cámara. Según el texto registrado a finales de marzo, la acreditación podrá ser retirada de forma temporal o permanente por infracciones como grabar sin autorización, alterar el desarrollo de ruedas de prensa o vulnerar normas de cortesía parlamentaria.
Se contemplan hasta 17 tipos de infracción, cuyas consecuencias podrían aplicarse tanto a periodistas individuales como a los medios que representan. En el caso de informaciones sin firma, la sanción recaería directamente sobre el medio, que podría perder el acceso a la Cámara hasta un máximo de tres años.
El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, que estará compuesto por portavoces de los grupos parlamentarios y representantes de organizaciones profesionales, será el órgano proponente de sanciones, aunque la decisión final recaerá en la Mesa.
Posturas enfrentadas
Durante el debate en el pleno, los partidos favorables a la iniciativa defendieron la necesidad de la reforma como respuesta a lo que calificaron como comportamientos intimidatorios por parte de ciertos periodistas acreditados. Desde la tribuna, representantes del PSOE, Bildu, Sumar o ERC señalaron a algunos informadores como responsables de «hostigamiento» hacia políticos y otros periodistas.
El portavoz socialista, Patxi López, denunció la presencia de profesionales que, según afirmó, no ejercen el periodismo sino “activismo ultra”. Por su parte, desde Sumar y Bildu se instó al PP a deslindarse de estos comportamientos, mientras que ERC acusó a determinados medios de actuar como «sicarios» de la derecha.
PP y Vox se opusieron frontalmente a la proposición. La diputada del PP Macarena Montesinos cuestionó que la Mesa, como órgano político, pueda asumir el papel de decidir “quién es un buen periodista y quién no”, y alertó del precedente que, a su juicio, supone esta regulación. Vox calificó la propuesta de “aquelarre” y denunció un intento de silenciar a quienes critican al Gobierno.
Un proceso aún en marcha
La admisión a trámite de la proposición de ley permite iniciar su tramitación parlamentaria, que requerirá una mayoría absoluta para su aprobación final. En caso de prosperar, la Mesa del Congreso dispondrá de un marco normativo más amplio para regular la actividad de los medios en el Parlamento, algo que no se modificaba desde hace años y que, según el texto, busca preservar el respeto institucional y garantizar el ejercicio informativo.
