Un nuevo estudio sobre ética periodística digital en Europa, elaborado por Emma Verhoeven, de la Universidad de Amberes, y Sarah Van Leuven, de la Universidad de Gante, concluye que los organismos europeos de autorregulación periodística han avanzado en la elaboración de criterios sobre el uso de la inteligencia artificial en medios, pero siguen sin reglas claras para un problema mucho más cotidiano: cómo deben corregirse los errores publicados por los medios en redes sociales.
La investigación, publicada en Digital Journalism, analiza cómo nueve organismos europeos de autorregulación periodística están adaptando sus criterios al entorno digital. El trabajo combina el análisis cualitativo de 152 resoluciones sobre quejas publicadas en 2022 con nueve entrevistas realizadas en 2025 a responsables de estos órganos en Bélgica —Flandes y Valonia—, Dinamarca, Finlandia, Francia, Georgia, Irlanda, Macedonia del Norte y Eslovenia.
La principal conclusión es que la adaptación ética del periodismo digital avanza de forma desigual. Los organismos analizados han desarrollado criterios relativamente asentados para las correcciones en webs informativas y, en la mayoría de los casos, están preparando o han aprobado recomendaciones sobre inteligencia artificial. Sin embargo, las rectificaciones en redes sociales siguen siendo una zona gris, pese a que una parte sustancial de la circulación de noticias se produce ya en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok o X.
El estudio señala que casi todos los organismos analizados tienen algún tipo de competencia sobre publicaciones de medios en redes sociales, salvo el de Eslovenia. Aun así, ninguno dispone de reglas específicas claras para corregir errores en esos espacios. La diferencia con las webs informativas es importante: en una noticia publicada en una página web, el medio puede modificar el texto, añadir una nota de corrección y dejar constancia del cambio. En redes sociales, en cambio, el contenido puede no ser editable, puede haber sido compartido masivamente o puede requerir una nueva publicación para rectificar el error.
En las webs, el criterio que se está consolidando es que un error relevante no debe corregirse en silencio. No basta con actualizar una pieza o retirar una información problemática sin explicar qué ha ocurrido. Corregir de forma ética exige hacer visible la rectificación y reconocer el fallo ante la audiencia.
El informe recoge dos casos que ilustran la complejidad del problema en redes. En Georgia, una queja prosperó porque una publicación de Facebook había sido modificada sin dejar constancia clara del error original. El cambio solo podía detectarse consultando el historial de edición, algo que el organismo consideró insuficiente para una corrección transparente.
En Flandes, en cambio, una queja sobre una publicación de Instagram no prosperó. El medio había corregido la descripción, pero no podía modificar la imagen original. Volver a publicar el contenido podía reactivar ataques contra la persona afectada, por lo que el organismo aceptó la solución adoptada al entender que reducía el daño.
Para las autoras, estos casos muestran que los organismos europeos están resolviendo las correcciones en redes de forma pragmática, pero sin convertir todavía esa práctica en criterios estables. Esa flexibilidad permite atender las particularidades de cada plataforma, pero también genera incertidumbre para medios, periodistas y ciudadanos.
El contraste con la inteligencia artificial es claro. Según el estudio, siete de los nueve organismos analizados ya han aprobado o están preparando directrices sobre IA. La reacción ha sido más rápida porque esta tecnología afecta a cuestiones centrales de la autoridad periodística: quién produce la información, qué grado de intervención humana existe, cuándo debe informarse a la audiencia y quién asume la responsabilidad editorial final.
El organismo francés, por ejemplo, ha clasificado los usos de IA según su riesgo ético. Entre los usos de menor riesgo sitúa tareas como la corrección ortográfica o la búsqueda preliminar de información; entre los de mayor riesgo, la creación de imágenes o contenidos que puedan inducir a engaño y la publicación automática sin control editorial. Flandes y Dinamarca también han incorporado criterios relacionados con la transparencia y la aplicación de los principios deontológicos generales al uso de IA.
El estudio aborda además otros dos ámbitos de adaptación: la privacidad y la delimitación de quién puede ser considerado actor periodístico. En privacidad, destaca el caso de Dinamarca, donde el organismo de autorregulación puede intervenir en solicitudes vinculadas al derecho al olvido, como la desindexación, anonimización o retirada de informaciones. En cuanto a los actores periodísticos, el informe muestra que algunos organismos empiezan a evaluar no solo a medios tradicionales, sino también a páginas informativas, creadores o perfiles que actúan como proveedores de información pública.
La advertencia final del estudio es que la ética digital no consiste solo en crear reglas para nuevas tecnologías. También exige adaptar principios clásicos —precisión, transparencia, responsabilidad y respeto a la privacidad— a condiciones de publicación radicalmente distintas. Para los medios, el mensaje es directo: la confianza no depende solo de cómo usen la IA, sino también de cómo corrigen sus errores allí donde hoy se informa buena parte de la audiencia.
