El juez federal Royce Lamberth ha dictaminado que los intentos del expresidente Donald Trump por desmantelar Voice of America (VOA) y otras agencias informativas dependientes de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM) probablemente vulneraron la ley, ordenando su restablecimiento inmediato y bloqueando de forma indefinida el cierre de estos medios financiados con fondos públicos.
Según la decisión del tribunal del Distrito de Columbia, USAGM deberá reactivar sus servicios, readmitir a los trabajadores que habían sido suspendidos y garantizar la continuidad del personal mientras dure el proceso judicial. También deberá mantener la financiación destinada a la radiodifusión internacional. “Los acusados tomaron acciones drásticas e inmediatas para desmantelar la USAGM sin considerar sus funciones legal y constitucionalmente establecidas”, afirmó Lamberth, nombrado por el expresidente Ronald Reagan.
La demanda fue presentada por un grupo de periodistas de VOA, sindicatos y la organización Reporteros Sin Fronteras, tras la orden ejecutiva firmada por Trump para cerrar la USAGM. A raíz de esta orden, empleados y contratistas fueron enviados a casa con baja administrativa, y se suspendieron fondos a redes asociadas como Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia y Middle Eastern Broadcast Network.
Pese a ello, el juez precisó que su fallo no se extiende a Radio Free Europe ni al Open Technology Fund, por estar implicados en otros procedimientos judiciales. No obstante, señaló que la paralización de VOA “ha privado al mundo de un servicio de noticias fiable y autorizado”, y que los daños financieros que esto conlleva pueden suponer un perjuicio irreparable.
Durante la audiencia previa, los abogados de los demandantes alegaron que el cierre de estos medios representaba una discriminación ideológica, motivada por la incomodidad del gobierno con la línea editorial crítica hacia Trump, incluyendo coberturas sobre derechos de las personas transgénero o el conflicto en Gaza. “Ya sea con un bisturí o con un mazo, se trata de censura por punto de vista”, declaró el abogado Andrew Celli.
La dirección de la USAGM fue asumida por Kari Lake, excandidata republicana a la gobernación de Arizona y presentadora de televisión, quien defendió el cierre alegando supuestos casos de despilfarro y fraude. Por su parte, el Departamento de Justicia argumentó que los daños a los empleados podrían compensarse económicamente si el gobierno ganaba el caso, pero el juez desestimó esa postura al considerar que la supervivencia de la USAGM estaba en juego.
El caso continúa en litigio, pero la orden judicial supone un revés significativo para los intentos de la administración por recortar su red internacional de medios públicos.