La Comisión Europea ha emitido una serie de directrices dirigidas a las grandes plataformas online y motores de búsqueda para combatir los riesgos sistémicos en línea que podrían afectar la integridad de los procesos electorales, especialmente las próximas elecciones al Parlamento Europeo en junio.
Con base en el Acta de Servicios Digitales (DSA), estas directrices se dirigen específicamente a servicios designados que cuentan con más de 45 millones de usuarios activos en la UE, imponiéndoles la obligación de mitigar los riesgos relacionados con los procesos electorales, al tiempo que protegen derechos fundamentales como la libertad de expresión.
Las medidas recomendadas incluyen el fortalecimiento de procesos mediante la formación de equipos internos bien dotados de recursos, la utilización de análisis e información sobre riesgos específicos del contexto local y sobre el uso de sus servicios por los usuarios para buscar y obtener información antes, durante y después de las elecciones para mejorar sus medidas de mitigación.
Entre las acciones específicas se sugiere la promoción de información oficial sobre los procesos electorales, la implementación de iniciativas de alfabetización mediática y la adaptación de sus sistemas recomendadores para empoderar a los usuarios y reducir la monetización y viralidad de contenido que amenace la integridad de los procesos electorales. Esto incluye el etiquetado claro de la publicidad política, en anticipación a la nueva regulación sobre transparencia y focalización de la publicidad política.
Además, se pide a las plataformas y motores de búsqueda que adopten medidas de mitigación específicas relacionadas con la IA generativa, como el etiquetado claro de contenido generado por IA (por ejemplo, deepfakes), la adaptación de sus términos y condiciones de manera correspondiente y su adecuada aplicación.
También se alienta la cooperación con autoridades a nivel de la UE y nacionales, expertos independientes y organizaciones de la sociedad civil para promover un intercambio eficiente de información antes, durante y después de la elección y facilitar el uso de medidas de mitigación adecuadas.
Para asegurar la efectividad de estas medidas, se recomienda la evaluación postelectoral y la publicación de un informe no confidencial para recibir retroalimentación pública sobre las acciones de mitigación de riesgos implementadas.
