Nicaragua ha experimentado durante los últimos veinte años un proceso sostenido de restricción del periodismo independiente que ha derivado en el cierre de al menos 61 medios, el exilio de más de 300 profesionales y la conversión del 65% del territorio en zonas sin acceso a información crítica, según recoge un informe elaborado por el colectivo “Las Exiliadas Nicas” con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras (RSF) España, presentado en Madrid y centrado en analizar la evolución de las medidas aplicadas por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para limitar la actividad informativa.
El documento sitúa a Nicaragua en el puesto 172 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de RSF y describe una estrategia progresiva basada en el cierre de medios, la persecución judicial, la vigilancia digital y la retirada de la nacionalidad a periodistas, una práctica que ha afectado al menos a 22 profesionales en los últimos años.
La presentación del informe tuvo lugar el 13 de abril en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, en un acto inaugurado por su secretaria general, Mónica Tourón, y coordinado por la vicepresidenta de RSF España, Edith Rodríguez Cachera, con la participación del periodista Carlos Fernando Chamorro, fundador del medio Confidencial, clausurado por las autoridades nicaragüenses, lo que le obligó a abandonar el país y establecerse posteriormente en España.
El análisis identifica un punto de inflexión en abril de 2018, cuando las protestas contra el Gobierno derivaron en una respuesta represiva que dejó más de 355 personas fallecidas y dio paso a una fase de ataques directos contra la prensa, con 128 incidentes documentados ese mismo año, a partir de los cuales se consolidó un sistema de control más estructurado mediante instrumentos legales y administrativos.
El informe describe que actualmente no operan medios independientes dentro del país ni circulan periódicos críticos, mientras al menos 26 redacciones continúan informando desde el exterior, muchas de ellas desde España, en condiciones marcadas por la precariedad y las limitaciones derivadas del exilio.
El documento también recoge la situación de las mujeres periodistas, que afrontan riesgos específicos como violencia sexual, campañas de difamación y dificultades económicas tras su salida del país, lo que ha impulsado la creación de redes de apoyo entre profesionales desplazadas.
En la presentación se trasladó una petición al Gobierno español para facilitar los trámites de acogida, resolver situaciones de apatridia derivadas de la retirada de nacionalidad y reforzar la presión internacional en materia de libertades fundamentales, en un escenario en el que el acceso a la información en Nicaragua depende en gran medida de medios que operan desde el extranjero y del acceso de la población a Internet.
