Meta ha sido denunciada ante la Fiscalía General del Estado por un grupo de 302 ciudadanos españoles que la acusan de haber permitido la difusión de más de 40.000 anuncios presuntamente fraudulentos en Facebook e Instagram durante 2024 y 2025. La denuncia sostiene que la compañía incurrió en un delito continuado de publicidad fraudulenta y atribuye a los afectados pérdidas económicas que superarían los 36 millones de euros.
La acción judicial, presentada por el abogado Mauro Jordán de la Peña, cuenta con la participación de Victifin, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la asistencia de víctimas de estafas financieras. Según los denunciantes, muchos de los anuncios se presentaban como oportunidades de inversión en productos financieros legítimos y utilizaban la imagen de bancos, empresas cotizadas, personalidades conocidas e incluso medios de comunicación para ganar credibilidad.
El escrito sostiene que Meta permitió la publicación de estos anuncios pese a disponer de sistemas internos capaces de identificar actividades fraudulentas. Además, acusa a la empresa de recopilar datos personales de los usuarios mediante formularios integrados en los anuncios y de facilitar posteriormente esa información a los anunciantes. Los denunciantes consideran que la compañía conocía el carácter ilícito de las campañas y no adoptó medidas suficientes para impedir su difusión.
Victifin afirma que se trata de la primera acción penal colectiva presentada en España contra una red social por presunta publicidad fraudulenta. La asociación considera que el caso podría abrir la puerta a analizar posibles responsabilidades penales individuales de responsables de cumplimiento normativo de Meta en España. La denuncia también solicita que se examine la actuación de organismos supervisores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), al entender que no se establecieron mecanismos de control eficaces frente a este tipo de anuncios.
Según recoge RTVE, «as cantidades perdidas por los afectados varían desde varios cientos de euros hasta importes muy superiores. Según Victifin, la pérdida media ronda los 119.000 euros por persona. La organización señala que las víctimas pertenecen a perfiles muy diversos y que muchas creyeron estar realizando inversiones legítimas.
Entre los mecanismos descritos figura una modalidad conocida como “pump and dump”, consistente en promover de forma masiva determinadas acciones para elevar artificialmente su precio y provocar posteriormente una caída brusca de su valor, generando pérdidas a quienes invierten siguiendo esas recomendaciones.
