Los gremios de prensa de Argentina han presentado en el Senado un proyecto de Ley por el Nuevo Estatuto del Periodista Profesional y del Personal Administrativo, una iniciativa que busca reemplazar el marco vigente después de que el Gobierno de Javier Milei aprobara su derogación a partir del 1 de enero de 2027, según recoge elDiarioAR.
La propuesta fue recibida este martes por la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por María Carolina Moises, en una reunión informativa celebrada en el Salón Illia con la participación de legisladores, periodistas y entidades sindicales del sector.
La iniciativa plantea mantener principios centrales del estatuto histórico, como la libertad de expresión, la protección específica de los trabajadores de prensa y el resguardo de la actividad periodística frente a presiones externas, pero incorpora también nuevos derechos vinculados a los cambios tecnológicos y laborales. El texto regula aspectos relacionados con el uso de plataformas digitales, el teletrabajo, la inteligencia artificial en las tareas de prensa, los derechos de cuidado, el secreto profesional y la protección durante coberturas periodísticas.
Moises ha afirmado que la presentación supone “el primer paso” para que el periodismo recupere su estatuto y ha defendido que el proyecto no se limita a restaurar la norma anterior, sino que busca legislar sobre nuevos derechos. La senadora ha señalado que el texto quedará en circulación para que los senadores puedan analizarlo y firmarlo, con un plazo inicial hasta el próximo viernes, antes de su ingreso formal y su giro a las comisiones correspondientes.
La propuesta ha sido presentada por gremios y asociaciones sindicales de prensa, entre ellos la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (Cispren) de Córdoba, la Asociación de Periodistas de Corrientes y la Asociación de Prensa de Santa Fe. También han intervenido los periodistas Mariano Obarrio y Gabriela Pepe.
Pepe ha defendido la necesidad de avanzar hacia un nuevo marco legal y ha señalado que la relación entre el periodismo y el poder político “siempre es de tensión”. También ha vinculado la protección especial del trabajo periodístico con el derecho de la ciudadanía a recibir información y con la necesidad de garantizar la diversidad de voces y líneas editoriales.
Obarrio ha apoyado la regulación de la inteligencia artificial y ha advertido de su impacto sobre los contenidos periodísticos, tanto para las empresas de medios como para los periodistas. También ha relacionado el debate sobre el estatuto con la situación del sistema informativo argentino tras el cierre de la agencia oficial Télam y los despidos de sus trabajadores.
María Ana Mandakovick, secretaria general de Cispren, ha situado la crisis de la prensa en factores como la concentración de medios, la influencia del capital financiero sobre empresas locales y la dependencia de las plataformas digitales. También ha aludido a la precarización laboral, los bajos salarios y la polifuncionalidad como elementos que, a juicio de los sindicatos, justifican la actualización del marco regulatorio.
Carla Gaudensi, secretaria general de Fatpren y secretaria adjunta segunda de SiPreBA, ha destacado que el proyecto conserva los aspectos protectores más importantes del estatuto anterior y añade elementos de modernización. La dirigente sindical ha defendido que la nueva norma debe estar vigente el 1 de enero de 2027 para sustituir el marco derogado y mantener la protección legal de los trabajadores de prensa.
