La Sociedad Interamericana de Prensa advierte de un aumento de acciones judiciales dirigidas contra periodistas y medios de comunicación en Colombia que, según la organización, configuran un uso del sistema judicial orientado a intimidar, censurar y obstaculizar el ejercicio del periodismo independiente, una práctica que afecta tanto a profesionales concretos como al derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.
La organización señala que los casos más recientes de este tipo de actuaciones afectan a la periodista Lorena Beltrán y a la columnista Ana Bejarano Ricaurte, dos episodios que, de acuerdo con la SIP, ilustran una tendencia de hostigamiento legal reiterado mediante procesos judiciales.
El caso de Lorena Beltrán, periodista exiliada, ha vuelto a activarse con un nuevo procedimiento que, según ha denunciado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se ha extendido incluso al país en el que reside actualmente. Beltrán había investigado a cirujanos plásticos que presuntamente ejercían sin cumplir los requisitos legales y, a raíz de esos trabajos, ya había afrontado cuatro acciones de tutela promovidas por los médicos mencionados.
A finales de diciembre de 2025 fue notificada de un nuevo proceso en el lugar donde vive, un dato que no era de dominio público, circunstancia que, según las organizaciones que la apoyan, ha incrementado su preocupación por la seguridad personal.
Otro de los episodios citados por la SIP tiene como protagonista a la columnista Ana Bejarano Ricaurte, contra quien el candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció acciones judiciales tras la publicación de una columna de opinión en la que se cuestionaba su trayectoria profesional y su discurso político, incluida su relación con Alex Saab, señalado como presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro y actualmente detenido en Estados Unidos.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, sostiene que este tipo de actuaciones reiteradas suponen un uso abusivo del sistema judicial con el objetivo de castigar y silenciar voces críticas y de desalentar investigaciones y opiniones relacionadas con asuntos de interés público. Manigault también advierte de que el hostigamiento judicial no solo afecta a los periodistas implicados, sino que limita el acceso de la sociedad a información plural y oportuna.
En la misma línea, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, considera que la utilización del aparato judicial como mecanismo de intimidación resulta incompatible con los principios democráticos y con los estándares interamericanos sobre libertad de expresión.
Ramos ha pedido a las autoridades colombianas que garanticen que el sistema judicial no sea utilizado para perseguir o amedrentar a periodistas, que impulsen salvaguardas frente al acoso judicial y que aseguren un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, además de instar a jueces y fiscales a actuar conforme a los estándares internacionales en esta materia.
La SIP recuerda que este tipo de acciones legales abusivas, conocidas como SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation), no buscan la reparación de un daño legítimo, sino provocar desgaste emocional y económico en los periodistas, fomentar la autocensura y desincentivar la investigación sobre asuntos de interés público.
