España registra un riesgo medio-alto en pluralismo mediático según el Media Pluralism Monitor 2025, del Centre for Media Pluralism and Media Freedom, que sitúa al país en una posición especialmente delicada por la alta concentración empresarial en televisión, radio y prensa, la falta de transparencia sobre la propiedad de los medios y las carencias en independencia política y protección de periodistas.
El informe subraya que la concentración de audiencia supera el 75 % en televisión, radio y prensa, sin datos fiables aún sobre el sector digital. La ausencia de registros claros que identifiquen a los propietarios finales de los medios y la falta de una definición oficial del sector digital impiden conocer con precisión el grado de control empresarial sobre la información. La creación de un registro obligatorio de medios —anunciado por el Gobierno en 2024 como parte del Plan de Acción para la Democracia— aún no ha detallado cómo integrará esa transparencia.
El estudio también alerta del deterioro en la protección fundamental de los periodistas. Persisten las amenazas físicas y en línea, especialmente hacia las mujeres, la criminalización de la difamación en el Código Penal y la ausencia de una legislación específica contra las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP). Además, sigue vigente la obligación de solicitar autorización para publicar imágenes de policías recogida en la Ley 4/2015, pendiente de reforma pese a las críticas reiteradas.
En el ámbito político, la modificación del sistema de nombramientos del consejo de administración de RTVE mediante Real Decreto-ley ha generado preocupación entre los consejos de informativos, que alertan del riesgo de mayor influencia partidista al permitir segundas votaciones por mayoría simple. España continúa siendo el único país de la Unión Europea sin un consejo audiovisual independiente, lo que limita la supervisión sobre pluralismo y posibles interferencias políticas.
El informe señala asimismo un riesgo medio-alto en inclusión social. Persiste una baja representación de comunidades marginadas, especialmente del pueblo gitano, y una aplicación desigual de la igualdad de género en los puestos directivos y en los contenidos informativos. Los medios comunitarios continúan en un limbo legal: reconocidos por ley, pero sin espectro radioeléctrico reservado ni mecanismos estables de financiación.
Pese a algunos avances en alfabetización mediática y en políticas de igualdad, el documento concluye que España afronta retos estructurales que requieren reformas regulatorias, datos de mercado más completos y mecanismos más sólidos para garantizar la independencia editorial y la representación diversa en los medios de comunicación.
