El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha solicitado una reunión con el secretario general de Administración Pública de la Junta de Andalucía, Arturo Domínguez, para trasladarle su petición de que las futuras ofertas de empleo del sector público andaluz incluyan como requisito imprescindible la titulación universitaria específica en Periodismo, Comunicación Audiovisual o equivalentes para los puestos vinculados a funciones informativas y comunicativas.
La petición se produce ante la inminente publicación de los nuevos catálogos de puestos de trabajo del sector instrumental de la Junta. El CPPA considera que la Secretaría General de Administración Pública, órgano encargado de establecer las directrices generales para homogeneizar la regulación y gestión del empleo público, debe emitir instrucciones para que las agencias y empresas públicas incluyan estos perfiles profesionales en sus documentos organizativos con el requisito de titulación.
El Colegio ha venido denunciando en los últimos años diversas convocatorias públicas en las que se buscaban perfiles de periodistas o comunicadores sin exigir formación específica. En algunos casos, las ofertas fueron rectificadas tras las alegaciones presentadas; en otros, se recurrieron por la vía contencioso-administrativa. Las administraciones alegan habitualmente que no pueden exigir esta titulación si no figura previamente en sus Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) o catálogos. Por ello, el CPPA plantea que su inclusión se establezca de forma generalizada para evitar situaciones similares.
El Colegio considera que el reconocimiento formal de estos requisitos contribuiría tanto a reforzar la estabilidad y el encaje profesional de quienes desempeñan funciones de comunicación en la administración como a reducir el recurso al personal eventual, una figura a la que se recurre con frecuencia a pesar del carácter estructural de la comunicación en el ámbito público.
En noviembre de 2016, la Asamblea General del CPPA aprobó el Compromiso público por el empleo y la profesión periodística, un documento respaldado por los principales sindicatos andaluces y otras organizaciones profesionales autonómicas y estatales. En él se defiende que las funciones de información y comunicación en entidades públicas deben ser desempeñadas por profesionales con titulación oficial en las áreas correspondientes, tanto en estructuras internas como en servicios contratados externamente.
Además de exigir la cobertura con personal titulado, este compromiso subraya la importancia de crear puestos específicos para dichas funciones y aspira a contribuir, dentro de sus competencias, a la mejora de las condiciones laborales en el sector, afectado por la precariedad y el desempleo.
