Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha alertado sobre una serie de actos de vigilancia, hostigamiento judicial y amenazas dirigidas contra al menos ocho periodistas de investigación en Perú, quienes han publicado informaciones sobre presuntos casos de corrupción que involucran a la presidenta Dina Boluarte, a su hermano Nicanor Boluarte y al ministro de Justicia Juan José Santiváñez. La organización exigió a las autoridades que se investiguen de forma urgente estos hechos y que se garantice la labor periodística en condiciones de seguridad.
Según RSF, los ataques se produjeron en septiembre de 2025 y forman parte de una estrategia para desacreditar, hostigar y criminalizar a los periodistas que indagan en casos de corrupción en las más altas esferas del poder. El director para América Latina de RSF, Artur Romeu, sostuvo que “estas acciones buscan intimidar y silenciar a quienes investigan los casos de corrupción en la cúpula del Estado”, y recordó que la vigilancia y la criminalización de periodistas constituyen una violación grave de la libertad de prensa y del derecho de los ciudadanos a estar informados.
Entre los casos documentados se encuentra el de la periodista Karla Ramírez Camarena, responsable de la unidad de investigación del programa Panorama en Panamericana TV, quien denunció amenazas de ataques disfrazados de agresiones callejeras después de revelar vínculos de corrupción que alcanzaban al ministro de Justicia y al hermano de la presidenta. El coronel retirado Harvey Colchado, exresponsable de operaciones anticorrupción, confirmó en una conferencia de prensa que agentes de inteligencia policial vigilaban a reporteros como preludio de posibles ataques.
El director del portal IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, también fue blanco de difamaciones y amenazas de muerte, en este caso lanzadas por el alcalde de Lima y candidato presidencial Rafael López Aliaga. Gorriti, referente en investigaciones sobre el caso Lava Jato, había informado en 2022 que López Aliaga era investigado por lavado de dinero.
El hostigamiento judicial incluye solicitudes de levantamiento del secreto de las comunicaciones, aceptadas por la fiscalía, contra periodistas como Rodrigo Cruz Arana, de Latina Noticias, y César Prado Malca, de IDL-Reporteros. Ambos revelaron casos que comprometían al entorno presidencial y a la infiltración de organizaciones criminales en el sistema judicial. De prosperar, la medida permitiría el acceso a sus comunicaciones privadas.
Asimismo, el ministro de Justicia Santiváñez reactivó en septiembre denuncias contra profesionales del canal Latina TV a quienes acusaba de haberlo “espiado”. Como resultado, la conductora Mónica Delta, el productor Juan Subauste, el periodista Carlos Hidalgo y el camarógrafo Jorge Rodríguez están sometidos a procesos judiciales y vigilancia.
Perú ocupa el puesto 130 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2025 elaborada por RSF.
