Reporteros sin fronteras ha hecho público su informe anual sobre libertad de prensa en el que destaca que España retrocede en esta materia, y se sitúa en el puesto 32, por encima de Bután y por debajo de Austria, aunque la propia organización advierte de que se ha modificado la metodología y que, por tanto, hay que restar peso a estos cambios este primer año. Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Irlanda y Portugal encabezan esta Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa
En el informe, RSF también alerta de que en España los medios de comunicación son cada vez más opinativos y menos informativos, que podría tener su explicación en los problemas económicos que atraviesa la industria.
«España es un claro ejemplo de la tendencia a las fracturas sociales que denuncia a nivel global RSF en su Clasificación, azuzadas por medios excesivamente foxnewsizados y olvidadizos con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos”.
Asimismo, el informe destaca la proliferación en España de los llamados SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), es decir, acciones judiciales abusivas interpuestas contra los periodistas con fines a menudo intimidatorios y por presunta revelación de secretos o delitos contra el honor, como en el caso de ElDiario.es (Caso Master, Cristina Cifuentes), Infolibre (denunciado por el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea y Fernando López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia) o El Confidencial (demanda millonaria de Iberdrola), recuerda la ONG.
Recientemente, la Unión Europea ha empezado a promover una ley «anti-slapp» para frenar la intimidación a periodistas mediante demandas infundadas.
Del mismo modo, continúa el informe, «es reseñable que los periodistas que denuncian a agentes de la policía o son ellos denunciados por éstos, en el marco de manifestaciones, se enfrentan a procesos judiciales en los que la versión policial prevalece casi por sistema (caso de Albert Garcia, El País, absuelto, y caso en curso de los periodistas de El Salto, Público y otros medios imputados por falso testimonio, tras denunciar agresiones de agentes)».
La Justicia española, sostiene RSF, «suele ser garante con la libertad de prensa y hacerla prevalecer en casi todos los casos, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el fin de las acciones judiciales abusivas o SLAPP no es tanto lograr una condena contra la prensa – difícil en democracias consolidadas- como “enredar” a los periodistas en procesos largos, farragosos y sobre todo, costosos».