Periodistas de Vitoria-Gasteiz han lanzado una campaña en la plataforma Change.org para exigir que al menos el 50 % de los fondos públicos destinados a publicidad institucional en los medios de comunicación se dirija directamente a mejorar los salarios de los trabajadores. La iniciativa surge en medio de un contexto de precariedad laboral que ha llevado a la plantilla del Diario de Noticias de Álava a mantener una huelga de firmas desde el pasado 2 de diciembre.
La petición denuncia que los sueldos, congelados desde 2012 tras una reducción del 6 %, apenas alcanzan los 1.300 euros mensuales en 14 pagas. Ante esta situación, los trabajadores critican la falta de controles sobre el destino de los fondos públicos, que, según datos del Ayuntamiento, ascendieron a 420.000 euros en publicidad institucional durante 2023.
Actualmente, los contratos de publicidad institucional se canalizan a través de la empresa Avante, adjudicataria encargada de distribuir estos fondos. Sin embargo, los criterios para asignar los recursos se limitan a la oferta económica y los datos de audiencia de los medios, sin verificar si las empresas cumplen los convenios laborales.
Los trabajadores señalan que muchos medios locales operan al margen del convenio estatal de prensa, no abonan pluses por festivos ni nocturnidad y, en algunos casos, pagan salarios por debajo del mínimo interprofesional. Además, critican que mientras otros sectores reciben compensaciones por trabajar en fechas como el 24, 25 y 31 de diciembre o el 1 y 6 de enero, los periodistas deben considerarlos días laborales sin retribuciones adicionales.
Exigencias al Ayuntamiento
La petición insta al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a abordar con urgencia esta situación en el pleno municipal y a establecer mecanismos para garantizar que el dinero público asignado a los medios de comunicación mejore las condiciones laborales. Los periodistas proponen que, como mínimo, la mitad de los fondos destinados a publicidad institucional se inviertan en las nóminas de redactores, locutores, cámaras y demás trabajadores del sector.
Los promotores de la iniciativa denuncian la inacción de los grupos municipales, tanto de derecha como de izquierda, frente a las condiciones precarias que enfrentan los profesionales de la información. Consideran que es necesario un compromiso político para garantizar el uso transparente y justo de los recursos públicos.
