El juez federal Trevor N. McFadden ordenó este martes a la Casa Blanca restablecer el acceso pleno de Associated Press (AP) a la cobertura de actos presidenciales, en una decisión que subraya la protección de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y prohíbe al Ejecutivo excluir a periodistas por motivos relacionados con el contenido de su trabajo; según recoge AP.
El magistrado, designado por el expresidente Donald Trump, falló a favor de la agencia de noticias tras la exclusión que sufría desde el pasado 11 de febrero. La Casa Blanca había impedido que periodistas de AP se sumaran a la cobertura en lugares como el Despacho Oval o el avión presidencial, y limitó su presencia en otros actos oficiales. La decisión del tribunal, aunque provisional, supone un respaldo significativo al papel de la prensa en la supervisión del poder político.
“Si el gobierno abre sus puertas a ciertos periodistas […] no puede cerrarlas a otros por sus puntos de vista”, escribió McFadden en su resolución. El juez concedió al Ejecutivo una semana para responder o recurrir antes de que entre en vigor la medida.
Una disputa por el nombre del Golfo
El conflicto se originó tras la negativa de AP a seguir una orden del presidente Trump para referirse al Golfo de México como “Golfo de Estados Unidos”. La agencia mantuvo el uso tradicional del término, conforme a su manual de estilo, una guía ampliamente adoptada por medios y escritores. Desde entonces, la agencia ha sido excluida de coberturas clave y sus profesionales han visto restringido su acceso habitual.
Durante el proceso, el abogado del gobierno sostuvo que la Casa Blanca tiene potestad para decidir qué medios pueden acceder a actos presidenciales o formular preguntas. Sin embargo, el juez desestimó este argumento, afirmando que ni siquiera en espacios considerados no públicos, como el Despacho Oval, el Ejecutivo puede discriminar por motivos ideológicos.
Impacto en la cobertura periodística
Representantes de AP, como su corresponsal jefe y un fotógrafo, testificaron ante el tribunal para detallar cómo la exclusión ha afectado a la velocidad de su trabajo, perjudicando su capacidad de distribuir información en tiempo real. La agencia llegó a perder un contrato publicitario de 150.000 dólares por las dudas generadas en torno a su acceso institucional.
Por su parte, el abogado de AP, Charles Tobin, acusó al gobierno de actuar de forma arbitraria y castigar a la agencia por no replicar su terminología. En su dictamen, McFadden calificó de “descarada” la conducta del Ejecutivo y subrayó que no ha ofrecido una justificación razonable para la exclusión.
El entorno mediático bajo presión
La situación se enmarca en una relación cada vez más tensa entre la administración Trump y los medios. Desde su regreso al poder, el Ejecutivo ha abierto procedimientos contra varias cadenas nacionales, como ABC, CBS y NBC News, además de intentar recortar fondos a emisoras públicas como PBS y NPR.
“Esta es una decisión importante”, afirmó Katie Fallow, del Instituto Knight de la Primera Enmienda, al considerar que protege el derecho de los medios a cubrir al presidente sin someterse a presiones editoriales impuestas desde el gobierno.
Trump ha calificado públicamente a la AP como un grupo de “lunáticos radicales de izquierda” y condicionó su readmisión al uso del nuevo nombre para el Golfo. No obstante, la sentencia del martes establece que, pese a que AP no tiene garantizado un lugar preferente, tampoco puede recibir un trato desfavorable frente a otras agencias acreditadas.
La portavoz de AP, Lauren Easton, celebró la decisión judicial: “El fallo de hoy ratifica el derecho fundamental de la prensa y del público a expresarse sin represalias del gobierno”; según recoge AP. De momento, la Casa Blanca no ha ofrecido comentarios sobre si acatará la orden o interpondrá un recurso.
