Cincuenta universidades integradas en la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC) han presentado al Gobierno una solicitud formal para que la futura ley orgánica que regula el secreto profesional reconozca como periodistas únicamente a quienes posean una titulación universitaria en Periodismo o Comunicación.
La propuesta, que coincide con las alegaciones de las asociaciones de la prensa andaluzas y de los colegios profesionales, busca frenar el intrusismo y garantizar estándares de formación y responsabilidad en el ejercicio informativo.
El texto en revisión, el Anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho al Secreto de los Profesionales de la Información y de los Prestadores de Servicios de Medios de Comunicación, aprobado por el Consejo de Ministros el 22 de julio y actualmente en audiencia pública, define como periodista a toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda y difusión de información veraz de interés público. En sus alegaciones, las universidades proponen limitar este reconocimiento a quienes acrediten formación específica, y reclaman que el derecho al secreto profesional quede reservado a los titulados.
Las facultades plantean, no obstante, una vía excepcional para los profesionales en activo sin título universitario, que podrían ser reconocidos si demuestran al menos diez años de ejercicio acreditado. Además, instan al Ejecutivo a aprobar en el plazo de un año un Estatuto profesional del periodismo que regule categorías, funciones y estándares de cualificación, junto con mecanismos de autorregulación colegial.
La propuesta incluye también una redefinición del concepto de “medio de comunicación social”, de modo que la protección del secreto profesional se aplique solo a plataformas con responsabilidad editorial clara, excluyendo a cuentas personales o canales no profesionales.
La iniciativa ha suscitado críticas entre algunos directores de medios y periodistas. Según publicó El Español, responsables como Joaquín Manso (El Mundo), Jordi Juan (La Vanguardia) o Julián Quirós (ABC) alertan del riesgo de restringir el acceso a la profesión a quienes no cuenten con titulación universitaria.
Consideran que la medida podría reducir la diversidad de perfiles y experiencias en las redacciones y limitar la pluralidad informativa. Aunque reconocen el valor formativo del título, sostienen que la profesión debe seguir abierta a quienes demuestren capacidad y compromiso con los principios del periodismo, sin que el requisito académico sea excluyente.
