El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía (CPPA) ha presentado alegaciones al anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho al Secreto de los Profesionales de la Información y de los Prestadores de Medios de Comunicación, aprobado en julio por el Consejo de Ministros. La corporación sostiene que el texto, en su actual redacción, contiene imprecisiones que pueden derivar en una mayor desprotección de los periodistas y reclama su modificación.
Las facultades públicas de Comunicación de Sevilla, Málaga y Granada, la Universidad Complutense de Madrid y la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC) han manifestado su apoyo al Colegio andaluz. También se ha adherido el Instituto Andaluz de Investigación en Comunicación y Cultura (INACOM). Las instituciones coinciden en la necesidad de precisar el alcance del derecho, reforzar las garantías jurídicas y dotar a la norma de mecanismos de supervisión independientes.
El CPPA advierte que el término “periodista” no figura en el título ni en el articulado del anteproyecto, lo que genera inseguridad jurídica respecto a quiénes son los titulares efectivos del derecho al secreto profesional. La propuesta del Colegio es que queden amparados quienes cuentan con titulación universitaria en Periodismo o Comunicación Audiovisual y ejercen en medios periodísticos. Para quienes trabajan en el sector sin esa titulación específica, plantea una disposición transitoria.
El Colegio también reclama que la norma reconozca las leyes autonómicas ya vigentes, como la de creación del propio CPPA, que atribuyen a los colegios profesionales la función de representación y defensa de los intereses de la profesión. Según el planteamiento andaluz, estas entidades deben ser garantes de la correcta aplicación del secreto profesional.
En relación con los medios de comunicación, el CPPA insiste en que es necesario acotar qué se entiende por “medio periodístico” y defiende que instrumentos como el Registro Oficial de Medios Digitales de Andalucía (ROMDA) pueden servir como referencia objetiva. Propone además la creación de un registro nacional de carácter similar, gestionado por corporaciones profesionales de derecho público.
Las alegaciones incluyen, asimismo, la petición de que la ley incorpore mecanismos de garantía y supervisión gestionados por los colegios de periodistas y el futuro Consejo General de Colegios, con el objetivo de garantizar la independencia frente a intereses políticos, empresariales o privados.
Los documentos aportados por la ATIC y por la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense coinciden en subrayar la necesidad de delimitar el sujeto del derecho, evitar el intrusismo profesional, definir de forma normativa el concepto de medio de comunicación social y reforzar las garantías procesales en posibles levantamientos del secreto. El INACOM, centro de excelencia interuniversitario en el ámbito de la comunicación, también respalda estas demandas.
El Colegio andaluz considera que el desarrollo legislativo del secreto profesional, reconocido en la Constitución, debe suponer un avance en la protección de los derechos de los periodistas y de la ciudadanía, pero advierte de que, con la redacción actual, el anteproyecto puede convertirse en una amenaza para ese mismo objetivo.
