El grupo editorial Rossel, propietario de cabeceras como Le Soir y SudInfo, ha presentado una demanda ante el tribunal de actividades económicas de París reclamando 832 millones de euros a Google por prácticas publicitarias anticoncurrentes. La acción legal se apoya en una decisión previa de la Autoridad de la competencia francesa que, en 2021, sancionó a la empresa estadounidense con 220 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad en línea.
Según la demanda, Google habría utilizado su modelo de integración vertical para controlar todos los eslabones de la cadena publicitaria, favoreciendo sistemáticamente sus propias herramientas. Rossel, con el respaldo del despacho Deloitte, ha calculado sus pérdidas desde 2014 hasta hoy en base a ese dominio, cuantificándolas en más de 800 millones de euros.
La denuncia se enmarca en un contexto de profunda crisis para la prensa belga francófona, que acusa a Google de absorber los ingresos publicitarios del entorno digital. Tal como recoge Le Récap’, otras empresas editoras europeas también han iniciado procedimientos similares. En octubre de 2024, 22 compañías mediáticas francesas —entre ellas Le Monde, Le Figaro y Les Échos-Le Parisien— impulsaron una demanda colectiva que reclama más de 1.000 millones de euros. Además, en octubre del mismo año, el tribunal de comercio de París obligó a Google a indemnizar con 26,5 millones de euros a la empresa francesa Equativ.
En Estados Unidos, el enfrentamiento judicial es aún más amplio. Google afronta una veintena de procesos vinculados a la legislación antimonopolio, a la protección de datos y a los derechos de propiedad intelectual. El pasado 18 de abril, fue reconocida culpable de monopolio en los sectores de búsqueda y publicidad en línea, una condena que podría desembocar en su desmantelamiento.
Una victoria reciente de la pyme belga Proxistore, que logró el bloqueo de 76 millones de euros en cuentas de Google Irlanda tras un litigio relacionado con el acceso a su plataforma, ha alentado a otros actores más pequeños a recurrir a la vía judicial.
La concentración mediática como respuesta
Rossel afronta además una profunda reestructuración. La empresa se dispone a absorber al grupo IPM (editor de La Libre, L’Avenir y La Dernière Heure), así como a sus revistas Moustique, Télé Pocket y Paris Match Belgique. La operación, estructurada como una fusión por intercambio de acciones en una proporción de uno a diez, se produce tras la caída del volumen de negocio de IPM, que en 2024 pasó de 165 a 146 millones de euros. Las pérdidas netas del grupo se cifran en 5 millones.
La familia Le Hodey, propietaria de IPM, pasará a controlar el 10% del capital del nuevo grupo, y François Le Hodey se incorporará al consejo de administración. La operación, sin embargo, ha suscitado preocupación por sus implicaciones en el pluralismo informativo. La Federación de Periodistas Europeos ha alertado sobre el riesgo de una excesiva concentración en un mercado francófono de apenas 3,5 millones de personas. La operación está pendiente de la aprobación de la Autoridad belga de la competencia y del nuevo regulador europeo previsto para el 8 de agosto, que tendrá competencias reforzadas en materia de diversidad informativa.
Inteligencia artificial y distribución, nuevas amenazas
A estas tensiones se suma el impacto de las herramientas de inteligencia artificial de Google, como los resúmenes generados automáticamente (AI overviews), que se sitúan por encima de los resultados de búsqueda y disuaden a los usuarios de visitar los sitios de los editores. Este sistema reduce tanto la audiencia como los ingresos de los medios.
Por otra parte, los editores belgas se enfrentan al reto logístico que supone la retirada progresiva de la “concesión prensa” a bpost, el operador postal nacional. Según el nuevo acuerdo impulsado por el Gobierno De Croo, bpost dejará de distribuir periódicos a partir de mayo de 2027. La retirada será gradual: el 50% de los ejemplares dejarán de circular por esta vía en septiembre de 2026. Las editoras deberán buscar sistemas alternativos, lo que añade complejidad a la distribución en las zonas rurales y puede encarecer significativamente los costes.
