El Parlamento de Portugal ha aprobado la toma en consideración de una propuesta legislativa que eleva de 13 a 16 años la edad mínima para acceder de forma autónoma a las redes sociales y establece que, por debajo de ese umbral, los menores deberán contar con el consentimiento de sus padres o tutores legales para utilizar estas plataformas.
La iniciativa fue presentada el 12 de febrero por el gobernante Partido Social Demócrata (PSD) y superó la primera lectura en la Assembleia da República con 148 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones, según datos parlamentarios difundidos por medios portugueses. Votaron en contra Chega e Iniciativa Liberal, mientras que otras formaciones optaron por la abstención. El texto será ahora analizado en comisión, donde podrá incorporar enmiendas, antes de regresar al pleno para su votación definitiva.
El proyecto no prohíbe de forma absoluta el acceso de los menores de entre 13 y 16 años, pero lo supedita a la autorización paterna. Para verificar la edad, la propuesta contempla el uso de una clave digital (Digital Mobile Key, DMK) mediante sistemas de autenticación simple o reforzada que deberán integrar las plataformas y los proveedores de internet.
La iniciativa incluye medidas orientadas a limitar dinámicas consideradas adictivas, como la reproducción automática de contenidos, determinadas notificaciones no esenciales, los sistemas de creación de imágenes o vídeos falsos y el acceso a apuestas y juegos en línea o a contenidos sexuales explícitos y violentos sujetos a restricción de edad. Quedarían excluidos los servicios de comunicaciones electrónicas interpersonales, como mensajería y correo electrónico, así como determinados motores de búsqueda y servicios vinculados a música o contenidos educativos.
El régimen sancionador prevé multas de entre 10.000 y 250.000 euros para personas o establecimientos que permitan el acceso sin autorización, y de hasta 2 millones de euros para las empresas propietarias de plataformas que incumplan la norma.
El legislador Paulo Marcelo (PSD) afirmó durante el debate parlamentario que la propuesta busca reforzar la capacidad de las familias para acompañar y supervisar el uso de redes sociales por parte de los menores. Los partidos que votaron en contra han señalado que la medida puede afectar a la libertad de expresión y plantear problemas de aplicación técnica.
La tramitación en Portugal coincide con iniciativas similares en otros países. Australia ha aprobado restricciones para menores de 16 años y el Gobierno de España ha anunciado su intención de impulsar una regulación en la misma línea, en un debate que también está presente en otros Estados europeos.
