La legislación europea sobre inteligencia artificial apenas está modificando las prácticas de las redacciones y sigue sin ofrecer respuestas específicas a algunos de los problemas que más preocupan a las empresas periodísticas, como la utilización de sus contenidos para entrenar modelos, la dependencia de los proveedores tecnológicos o la falta de criterios comunes de transparencia. Las normas existentes tienden a confirmar principios profesionales que los medios ya aplicaban, pero no resuelven las dificultades que plantea la incorporación de la IA al periodismo. Esta es una de las principales conclusiones de una investigación de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), publicada el 3 de noviembre.
El trabajo, titulado Regulating AI in the media: supporting newsrooms, translating rules, and closing the gap with editorial practice, ha sido elaborado por Aina Errando, investigadora del grupo imec-SMIT de la universidad belga, dentro del proyecto ALGEPI. Se basa en 18 entrevistas realizadas entre abril y octubre de 2026 a reguladores, expertos jurídicos y profesionales de medios de comunicación, con participación de organismos nacionales de Bélgica, Francia y España, instituciones europeas e internacionales y organizaciones periodísticas públicas y comerciales.
La investigación identifica una distancia considerable entre el desarrollo de las normas sobre inteligencia artificial y su aplicación efectiva en el trabajo periodístico. Aunque Europa ha establecido un amplio entramado regulatorio que combina legislación específica sobre IA, protección de datos, propiedad intelectual y regulación de plataformas, buena parte de estas disposiciones se han diseñado con carácter general, sin considerar las particularidades de la actividad informativa.
Los entrevistados coinciden en que el periodismo aparece en la legislación principalmente cuando se abordan cuestiones transversales, como la transparencia o los derechos de autor, pero no recibe un tratamiento suficientemente diferenciado por su responsabilidad editorial y su función democrática.
Uno de los hallazgos más significativos afecta a la manera en que las normas llegan a las redacciones. Según el estudio, la interpretación y aplicación de la regulación recae principalmente en los departamentos jurídicos y los especialistas en privacidad, con una participación mucho más limitada de los periodistas. Varios participantes expresan dudas sobre el conocimiento que los profesionales de las redacciones tienen de las obligaciones legales relacionadas con la inteligencia artificial.
Los propios reguladores reconocen dificultades para interpretar cómo deben aplicarse determinadas disposiciones generales a los medios de comunicación. Su función consiste, en buena medida, en trasladar unas exigencias legales complejas a situaciones concretas del trabajo periodístico, una tarea que resulta especialmente difícil cuando las herramientas tecnológicas evolucionan más rápidamente que las orientaciones regulatorias.
Las guías internas avanzan por un camino distinto al de la legislación
La investigación también examina el origen y funcionamiento de las políticas internas sobre inteligencia artificial que han adoptado numerosas organizaciones periodísticas.
Una de sus conclusiones es que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial no ha sido, en la mayoría de los casos estudiados, el principal impulso para elaborar esas políticas. Los medios han recurrido preferentemente a sus propios códigos deontológicos, a las recomendaciones de asociaciones profesionales y a las experiencias de otras organizaciones.
Las directrices de cabeceras como la BBC, The New York Times o The Guardian han servido de referencia para otras empresas periodísticas, favoreciendo la aparición de documentos que comparten principios similares sobre supervisión humana, transparencia y responsabilidad editorial.
En todas las organizaciones informativas examinadas, la responsabilidad sobre los contenidos elaborados con ayuda de inteligencia artificial continuaba correspondiendo a un periodista. Esta práctica, implantada en muchos casos antes de que llegaran las nuevas obligaciones legales, explica que los medios perciban buena parte de la regulación como una confirmación de sus criterios profesionales más que como una transformación de sus procedimientos.
Sin embargo, esa coincidencia entre legislación y autorregulación presenta limitaciones. Cada organización termina estableciendo sus propios criterios para decidir cuándo debe informar a la audiencia de la utilización de inteligencia artificial. Determinados usos, como la corrección ortográfica o la subtitulación en directo, pueden quedar excluidos de las obligaciones de identificación previstas en sus políticas internas.
El informe identifica además una distancia entre los documentos corporativos y las prácticas cotidianas. Los entrevistados mencionan la utilización de herramientas de IA no autorizadas por las empresas, las dificultades para mantener actualizadas las directrices y el conocimiento insuficiente que muchos profesionales tienen sobre el funcionamiento de los sistemas que utilizan.
La existencia de una política editorial sobre inteligencia artificial no garantiza que sus principios se estén aplicando de manera uniforme en las redacciones. Tampoco basta con declarar que se ha empleado IA si el medio no puede explicar adecuadamente a sus lectores cómo ha intervenido la tecnología en la elaboración de la información.
Estas dificultades coinciden con cuestiones abordadas anteriormente por el Laboratorio de Periodismo, tanto en relación con los límites de la supervisión humana en las redacciones como con la falta de reglas claras sobre inteligencia artificial en numerosos medios españoles.
Los profesionales reclaman más obligaciones para los proveedores tecnológicos
Una de las aportaciones del estudio es la distinción que establecen los entrevistados entre regular el trabajo de los periodistas y regular las empresas que desarrollan las herramientas de inteligencia artificial.
Los profesionales consultados se muestran partidarios de mantener la autorregulación en las decisiones relacionadas con el uso editorial de estas tecnologías. Consideran que la independencia periodística exige preservar la capacidad de las redacciones para establecer sus propios criterios profesionales.
En cambio, reclaman obligaciones legales vinculantes para las compañías tecnológicas de las que dependen los medios, especialmente en cuestiones relacionadas con los contenidos sintéticos, la desinformación y la utilización de materiales periodísticos para entrenar modelos de inteligencia artificial.
La remuneración por ese uso de los contenidos y la dependencia de un número reducido de proveedores aparecen entre las preocupaciones que el actual sistema regulatorio no ha conseguido resolver satisfactoriamente.
Los participantes también consideran necesaria una fórmula de corregulación que permita establecer criterios comunes sobre transparencia e identificación de contenidos generados con IA. Sin embargo, la investigación señala que todavía no existe un foro estable en el que medios, reguladores y empresas tecnológicas puedan acordar esos estándares.
El problema, por tanto, no se reduce a determinar cuánta intervención pública resulta necesaria, sino a definir qué actividades deben quedar sometidas a obligaciones legales y cuáles deben mantenerse bajo la responsabilidad profesional de los medios.
Las redacciones pequeñas afrontan mayores dificultades
La investigación llama especialmente la atención sobre las diferencias de capacidad entre grandes organizaciones periodísticas y medios pequeños, locales o independientes.
Las empresas de mayor tamaño cuentan habitualmente con departamentos jurídicos, especialistas en protección de datos y recursos para interpretar las obligaciones regulatorias. En cambio, los medios más pequeños pueden carecer incluso de un libro de estilo o de un estatuto editorial sobre el que desarrollar sus políticas de inteligencia artificial.
Esta desigualdad puede traducirse en capacidades muy diferentes para cumplir la legislación, evaluar riesgos y establecer procedimientos internos de supervisión.
Entre las recomendaciones formuladas por los autores figura la creación de un foro permanente que reúna a autoridades reguladoras, organizaciones periodísticas, asociaciones profesionales y proveedores tecnológicos. Su función sería acordar criterios compartidos de transparencia, identificar las obligaciones aplicables a los distintos usos de IA y elaborar orientaciones prácticas para el sector.
El informe propone también incorporar a periodistas y responsables de inteligencia artificial de las redacciones desde las primeras fases de elaboración e implementación de las normas, en lugar de limitar su participación a la aplicación posterior de disposiciones ya aprobadas.
Para las organizaciones pequeñas, plantea recursos compartidos que incluyan modelos de políticas internas, formación y acceso a asesoramiento jurídico. Asimismo, recomienda que los medios revisen periódicamente sus directrices, faciliten herramientas autorizadas a sus periodistas y establezcan criterios comprensibles para explicar a las audiencias qué usos de inteligencia artificial identifican y cuáles no.
