La inteligencia artificial generativa se ha incorporado con rapidez al debate sobre el futuro del periodismo, la comunicación y la gestión de la información. En medios, agencias y empresas se utiliza ya para redactar borradores, editar textos, ordenar datos, generar ideas o producir contenidos. Sin embargo, cuando trasladamos esta conversación a los gabinetes de comunicación de las administraciones públicas, la pregunta cambia de forma sustancial.
No se trata solo de saber si estas herramientas permiten trabajar más rápido ni producir más contenidos. En comunicación pública, la cuestión central es cómo utilizar la inteligencia artificial sin perder de vista que el objetivo último de cualquier administración es el servicio público.
Esa es, precisamente, la principal diferencia respecto a otros entornos comunicativos. Una empresa puede incorporar la IA buscando competitividad, posicionamiento o eficiencia. Una administración pública, en cambio, comunica para informar a la ciudadanía, facilitar el acceso a derechos, explicar decisiones, rendir cuentas y fortalecer la confianza institucional. Por eso, la automatización del mensaje público exige una cautela específica.
En una investigación publicada en la Revista Española de Sociología, analizamos la incorporación de la inteligencia artificial en un conjunto amplio de gabinetes de comunicación institucional de carácter público. El estudio nos permitió observar un escenario todavía incipiente, ya que existe interés por estas herramientas, pero su uso no está plenamente integrado en las rutinas profesionales ni cuenta, por lo general, con criterios internos suficientemente definidos.
Esta situación puede leerse como una oportunidad, más que como un retraso. Los gabinetes públicos no tienen por qué reproducir sin más los modelos de uso de IA que se están extendiendo en el ámbito privado. Pueden, y deberían, construir una forma propia de incorporación, más vinculada a la transparencia, la responsabilidad y la utilidad social de la comunicación.
La inteligencia artificial puede ser útil en muchas tareas de apoyo, pero también puede generar errores, reproducir sesgos, inventar datos, descontextualizar información o producir textos formalmente correctos pero inadecuados desde el punto de vista institucional.
Ahí reside uno de los grandes retos. En la comunicación pública, no todo lo que la tecnología permite hacer es necesariamente conveniente. Un mensaje institucional no es un contenido cualquiera, sino que compromete la voz de una administración, afecta a la confianza ciudadana y debe responder a principios de veracidad, neutralidad, claridad, responsabilidad y protección de derechos.
Por eso creemos que la conversación sobre IA en los gabinetes públicos no puede limitarse al aprendizaje instrumental de herramientas. Hace falta formación, pero una formación que combine competencias técnicas con criterios éticos y comunicativos. Los profesionales necesitan saber cómo usar estas aplicaciones, pero también cuándo no usarlas, cómo verificar sus resultados, cómo proteger datos sensibles y cómo mantener siempre el control humano sobre los mensajes.
El segundo gran reto es la ausencia de protocolos. Muchas organizaciones han empezado a experimentar con inteligencia artificial antes de definir claramente para qué puede utilizarse, con qué límites y bajo qué responsabilidades. Esto genera dudas muy prácticas: ¿puede usarse IA para redactar una nota de prensa?, ¿debe indicarse si un texto ha sido generado o editado con IA?, ¿qué ocurre con los datos personales?, ¿puede emplearse en comunicación de crisis?, ¿quién asume la responsabilidad final del contenido?
Sin pautas compartidas, cada profesional o cada departamento puede terminar actuando según su propio criterio. Y eso, en comunicación institucional, supone un riesgo. No hablamos necesariamente de grandes regulaciones complejas, sino de documentos sencillos que ayuden a ordenar usos, límites y responsabilidades.
A partir de nuestra investigación, proponemos una primera aproximación a un protocolo de uso responsable de la inteligencia artificial en comunicación institucional pública. Es una propuesta todavía incipiente, abierta y adaptable, pero creemos que puede servir como punto de partida.
Ese protocolo debería apoyarse, al menos, en siete principios. El primero es la transparencia: informar cuando la IA haya intervenido de forma relevante en contenidos dirigidos al público. El segundo, la supervisión humana: ningún contenido institucional debería difundirse sin revisión profesional. El tercero, la responsabilidad: la autoría y la rendición de cuentas no pueden delegarse en un sistema automatizado. El cuarto, la protección de datos: no deben introducirse informaciones personales o sensibles en herramientas sin garantías. El quinto, la inclusión: es necesario revisar sesgos, estereotipos o exclusiones. El sexto, la accesibilidad: la IA puede ayudar a hacer los mensajes más claros, comprensibles y adaptados. Y el séptimo, las limitaciones funcionales: su uso debe restringirse en contextos especialmente sensibles, como crisis, discursos institucionales o procesos deliberativos.
En definitiva, en comunicación pública, la tecnología debe estar al servicio de la ciudadanía, no al revés. Y esa es la diferencia esencial con cualquier otro tipo de uso organizacional. Que la IA no puede medirse solo por su eficiencia, sino por su contribución a una comunicación más clara, responsable, transparente y útil para la sociedad.
