La inteligencia artificial agéntica empieza a transformar no solo cómo se producen las noticias, sino también cómo se organiza el trabajo de las redacciones. Mientras buena parte de los medios utiliza la IA como una herramienta a la que los periodistas encargan tareas concretas, algunos proyectos están incorporando sistemas capaces de intervenir de manera autónoma en distintas fases del proceso editorial. La novedad no es que una máquina pueda redactar una noticia, sino que empiece a asumir decisiones que tradicionalmente correspondían a los periodistas, incluida, en algunos casos, la publicación. Estas experiencias abren nuevas posibilidades para ampliar la cobertura informativa, pero también plantean interrogantes sobre la responsabilidad editorial, la fiabilidad de los contenidos y el futuro de las redacciones.
Un reportaje de Gretel Kahn, publicado el 16 de octubre de 2026 por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, recoge cinco experiencias de Estados Unidos, Canadá, Croacia e Italia. El trabajo, titulado Inside the rise of AI-native newsrooms run by autonomous agents, permite conocer los procesos que explican sus promotores, sus objetivos y algunos errores reconocidos. Sin embargo, no aporta una auditoría independiente de esos sistemas ni mediciones comparables de precisión, tiempo de trabajo y resultados económicos. Los testimonios describen lo que estas iniciativas intentan hacer y cómo aseguran organizarse; no acreditan por sí solos su fiabilidad o su viabilidad.
La IA agéntica se diferencia de los asistentes convencionales porque sus sistemas pueden recibir un objetivo general y organizar las acciones necesarias para cumplirlo, utilizando distintas herramientas y adaptando su comportamiento a la información que encuentran. Su funcionamiento puede incluir varios agentes especializados que colaboran o se supervisan entre sí. No existe, sin embargo, un único nivel de autonomía: las capacidades de cada sistema dependen de las herramientas a las que tiene acceso, las decisiones que está autorizado a tomar y los controles establecidos por sus responsables. Esta distinción resulta fundamental para entender por qué algunas redacciones mantienen una supervisión humana permanente mientras otras experimentan con procesos editoriales prácticamente automatizados.
Cinco proyectos y distintas formas de repartir las decisiones
Journal Métro, en Montreal, representa una fórmula en la que la aprobación final permanece en manos de un periodista. Tras la quiebra de Métro Media en 2023, el empresario tecnológico Pierre-Antoine Fradet adquirió dos años después la propiedad intelectual de la cabecera. El relanzamiento incorporó a Olivier Robichaud como director y único periodista contratado. Según el proceso que ha explicado a Kahn, la IA vigila fuentes consideradas fiables y genera borradores a partir de comunicados, informes y estadísticas. Él comprueba los hechos, añade antecedentes y busca versiones contrapuestas cuando resulta necesario antes de autorizar la publicación.
«La idea es utilizar la IA para hacer lo fácil, de modo que un periodista de carne y hueso pueda hacer lo difícil», ha señalado Robichaud al Instituto Reuters. Esa intención también aparece, con otra organización, en Tucson Daily Brief, el proyecto del periodista Nicholas De Leon en Arizona. De Leon describe un sistema que captura el audio de reuniones municipales retransmitidas, lo transcribe y prepara borradores, con capacidad para seguir varias sesiones simultáneamente. Afirma que edita y verifica todos los textos de esa cobertura. La revisión de las crónicas municipales convive en Tucson con la publicación automática de ciertas agregaciones y registros sencillos. Por tanto, el grado de supervisión cambia según el contenido.
Moj Kraj, en Croacia, aplica la automatización a la vigilancia de información local. Su creador, Tihomir Jauk, sostiene que el proyecto cubre más de 124 localidades y consulta, además de fuentes generales, más de 2.000 fuentes pequeñas, entre ellas páginas municipales, administraciones de distrito, servicios públicos y avisos de tráfico y meteorología. Según su descripción, el sistema recopila los materiales, les asigna una localización y aplica controles antes de publicar. De alrededor de un centenar de borradores diarios, aparecen entre 20 y 30. Esa cifra informa sobre el volumen de descarte declarado, pero no permite conocer por sí sola la calidad de lo publicado ni de lo rechazado.
La italiana Redazione Zero ha prescindido de la aprobación humana previa de cada pieza. Su promotor, Emilio Salmeri, describe una organización en la que dos agentes basados en modelos de Anthropic y OpenAI recopilan noticias por separado; después se realizan la selección, la redacción y comprobaciones adicionales, y un editor artificial explica las decisiones del día. Salmeri establece las reglas, pero no revisa los textos antes de publicarlos. El medio excluye sucesos y tribunales, limita la información de salud y prohíbe identificar a menores. Esas restricciones delimitan el trabajo que se permite al sistema, aunque su eficacia requiere comprobar cómo se aplican. «Las decisiones las toma el sistema; las consecuencias las asumo yo», ha dicho a Kahn. Las decisiones sobre reclamaciones, rectificaciones y retiradas siguen siendo suyas.
RuntimeWire, en Estados Unidos, sitúa a su fundador y director, Ryan Merket, en la definición de prioridades y condiciones de publicación. Merket explica que establece qué puede salir automáticamente y qué circunstancias deben detener el proceso; también firma las noticias y asume las correcciones. En el ejemplo recogido por Kahn, él identifica primero un material de interés y entrega una transcripción al sistema para que contraste documentos y antecedentes. Esa intervención no equivale a una revisión humana de todas las piezas: muestra que, en ese caso, la decisión inicial sobre qué investigar parte de una persona.
Los errores publicados y las noticias que no llegan a publicarse
Los responsables entrevistados reconocen fallos, pero los datos disponibles no permiten comparar su frecuencia. Robichaud recibe borradores con enfoques inadecuados o sobre asuntos demasiado complejos para el sistema. Redazione Zero había publicado cuatro rectificaciones, entre ellas por información desactualizada y por interpretar incorrectamente una verificación. Las rectificaciones reconocidas no constituyen un inventario completo de todos los errores que puede haber publicado un medio. El reportaje no ofrece un periodo y un volumen de piezas suficientemente definidos para relacionar aquella cifra con la producción. Incluso con esos datos, la proporción de contenidos rectificados no equivaldría a la tasa real de error: podrían existir fallos que nadie hubiera detectado o corregido.
Para aproximarse a esa fiabilidad habría que revisar una muestra de publicaciones, incluidas aquellas que no han recibido reclamaciones, y establecer qué se considera un error. Una cifra equivocada, una atribución incorrecta, una omisión relevante y una acusación sin suficiente fundamento no tienen las mismas consecuencias. Tampoco todos esos problemas pueden clasificarse como invenciones de la IA. Una evaluación útil necesitaría distinguir su naturaleza, su gravedad y el punto del proceso en el que se introducen, además de comprobar qué controles los detectan antes de publicar.
El filtrado de Moj Kraj plantea otra cuestión. Jauk explica que aplica evaluaciones automáticas de calidad, tono y neutralidad, pero una puntuación interna no demuestra imparcialidad. Un texto puede sonar moderado y excluir una versión relevante; otro puede describir un conflicto real y recibir una valoración desfavorable por su tono. La revisión debería examinar también si los filtros están descartando informaciones correctas y de interés público. El reportaje no precisa si se audita una muestra de los borradores rechazados ni qué proporción de esos descartes corresponde a duplicados, problemas de calidad o decisiones discutibles sobre su interés informativo. Esa ausencia impide afirmar tanto que el filtrado funciona correctamente como que está censurando noticias.
La división de tareas entre agentes tampoco resuelve por sí sola la verificación. Si uno encuentra una afirmación en un comunicado y otros dos la localizan en páginas que reproducen ese comunicado, las coincidencias proceden de una única fuente. Separar a los agentes o utilizar modelos distintos no modifica ese origen. Para evaluar sus comprobaciones habría que conocer cómo identifican la fuente inicial, cómo detectan reproducciones y qué hacen ante versiones contradictorias. El material aportado no permite auditar esas salvaguardas en los cinco proyectos.
La dependencia de información institucional introduce, además, una posible limitación de cobertura. Los documentos y las retransmisiones permiten seguir decisiones que antes podían pasar inadvertidas, pero no recogen todo lo que ocurre en una comunidad. Un medio puede aumentar su producción y seguir dejando fuera a quienes no aparecen en los documentos que consulta. Saber si estos sistemas reducen o amplían la pluralidad exigiría examinar sus noticias, las fuentes citadas y los temas ausentes. El reportaje no aporta esa comparación. Sí permite plantear el riesgo de una agenda dominada por aquello que ayuntamientos, empresas y otras organizaciones deciden hacer público.
El próximo reto será comprobar que la supervisión funciona
Cuantas más tareas se deleguen, menos información ofrecerá sobre el proceso una lectura de la noticia terminada. Para comprobarla, el editor necesitaría acceder a los documentos utilizados, las contradicciones detectadas, las afirmaciones pendientes de respaldo y las modificaciones introducidas. Una redacción que quisiera aumentar la autonomía de sus agentes tendría que poder reconstruir sus decisiones y establecer qué incertidumbres obligan a suspender una publicación.
La presencia de una persona responsable no garantiza que disponga del tiempo necesario para realizar ese trabajo. El material analizado no aporta mediciones comparables de los minutos dedicados a verificar y editar cada pieza, ni del tiempo total que requeriría producir una información equivalente sin ese sistema. El ahorro debería medirse sobre tareas comparables y con las mismas exigencias de calidad editorial. La comparación tendría que incluir la búsqueda documental, la comprobación, las modificaciones, el trabajo invertido en borradores descartados y las correcciones posteriores. Medir únicamente cuánto tarda en aparecer un primer texto dejaría fuera una parte del proceso.
También sería necesario relacionar la carga de revisión con los recursos disponibles. Si el volumen de borradores aumenta y el tiempo editorial permanece igual, existe el riesgo de que la supervisión se reduzca a una lectura superficial. El reportaje no permite determinar si eso está ocurriendo ni con qué frecuencia. La pregunta que deja abierta es operativa: cuántas piezas puede comprobar cada editor, cuáles necesitan una revisión más profunda y qué debe hacer el sistema cuando no hay capacidad para atenderlas.
Esa supervisión tendría que acompañarse de permisos específicos. Rastrear una fuente pública, elaborar una alerta interna, modificar una noticia y contactar con una persona en nombre del medio tienen consecuencias distintas. Delegar una tarea exige decidir también cuándo debe detenerse el agente y a quién debe trasladar sus dudas. Una identidad ambigua, documentos incompatibles o una acusación sin contraste suficiente deberían activar procedimientos diferentes de los utilizados para preparar un aviso de servicio. La eficacia de esas reglas tendría que evaluarse con casos reales y pruebas deliberadas, además de quedar escrita en una política editorial.
Los permisos afectan también a la protección de información y a la posibilidad de manipular al sistema. Un agente con acceso a documentos confidenciales y herramientas de publicación podría causar un daño diferente al de otro limitado a un archivo público. Habría que comprobar qué puede consultar, qué puede transmitir y qué acciones requieren aprobación. Del mismo modo, un documento externo que contenga instrucciones para alterar el comportamiento del agente debería seguir siendo material de consulta, sin adquirir autoridad sobre las reglas de la redacción. Se trata de riesgos que deben examinarse, no de incidentes demostrados en estos cinco medios.
La transparencia necesita distinguir entre informar al lector y permitir una evaluación técnica. Kahn señala que los proyectos identifican la intervención de la IA, pero esa etiqueta no explica necesariamente quién ha verificado los hechos o qué controles se han aplicado. La información sobre el uso de IA y la evidencia sobre su funcionamiento responden a necesidades diferentes. Para examinar el sistema harían falta, según el alcance de la evaluación, documentación de sus versiones, reglas, fuentes, permisos y registros, además de pruebas de sus resultados. Publicar unas instrucciones no demostraría por sí solo que siempre se cumplen. Tampoco el examen automático de las condiciones de uso de una fuente, que Moj Kraj describe como parte de su proceso, acredita que cualquier reutilización esté permitida: el reportaje no aporta una evaluación jurídica independiente de esas prácticas.
El ahorro de trabajo y la rentabilidad siguen siendo preguntas distintas
La justificación económica de estas iniciativas permanece abierta en la documentación disponible. Kahn señala que Tucson Daily Brief todavía no es rentable y describe varios proyectos como iniciativas paralelas impulsadas por el interés en explorar la tecnología. En Journal Métro, la automatización forma parte del intento de hacer sostenible el relanzamiento, pero no se presentan cuentas que permitan comprobar el resultado. Es posible describir esa intención empresarial sin convertirla en una conclusión sobre su éxito.
La comparación de costes debería abarcar el conjunto del trabajo. Además del tiempo editorial, incluiría el desarrollo y mantenimiento de los sistemas, el alojamiento, el uso de modelos comerciales cuando corresponda, la preparación de las fuentes y la atención a fallos y reclamaciones. También sería relevante contabilizar el trabajo de los promotores que no se remunera. Una estructura con pocos empleados no permite conocer el coste real de producir y mantener el servicio. El reportaje no ofrece ese desglose, y tampoco permite suponer que todos los proyectos utilizan la misma infraestructura o han sustituido una plantilla equivalente.
Aunque se demostrara un ahorro, seguiría pendiente comprobar si el medio obtiene ingresos suficientes. Producir más piezas no acredita que aumenten las suscripciones, la publicidad o la utilidad percibida por los lectores. También importa qué se hace con el tiempo disponible. Robichaud plantea ante Kahn que unas empresas podrían recortar periodistas y otras conservarlos para trabajos que consideren importantes. La tecnología no decide por sí sola ese destino. Recuperar una cabecera con un periodista puede devolver información a una comunidad, pero no equivale a restablecer toda la capacidad de cobertura que tuvo anteriormente.
La organización del empleo afectaría además a la formación profesional. Si las tareas de entrada se automatizaran de forma creciente, las empresas necesitarían ofrecer otras oportunidades para aprender a contrastar documentos, identificar fuentes y cubrir instituciones. La supervisión de los agentes requiere periodistas que hayan adquirido experiencia para detectar lo que sus respuestas omiten o interpretan mal. Sin esa formación, una redacción podría exigir criterio experto al mismo tiempo que reduce las ocasiones de desarrollarlo.
Qué podría cambiar hasta 2036
Los casos descritos permiten construir escenarios a diez años, pero no una predicción sobre cómo funcionarán todos los medios en 2036. Su evolución dependería de mejoras que todavía deben comprobarse: fiabilidad, capacidad de supervisión, acceso a fuentes y costes sostenibles. Una posibilidad próxima a los usos actuales sería pasar de producir noticias aisladas a mantener el seguimiento de asuntos durante meses o años, con agentes que conservaran documentos, compararan versiones y detectaran cambios después de la primera publicación.
Una redacción local podría encargar, por ejemplo, el seguimiento de la construcción de un colegio. El sistema reuniría el presupuesto inicial, los contratos, los compromisos públicos y los plazos. Cuando apareciera una modificación, localizaría las diferencias y prepararía un expediente para el periodista. El valor de ese seguimiento estaría en relacionar documentos dispersos y recuperar compromisos que de otro modo podrían perderse de vista. Su utilidad dependería de que las fuentes fueran accesibles, las comparaciones fueran correctas y cada afirmación pudiera vincularse con una prueba.
Una ampliación presupuestaria no bastaría para concluir que existe una irregularidad. El periodista tendría que averiguar los motivos, preguntar a las partes y comprobar las consecuencias para las familias. Los agentes podrían ayudar a localizar contradicciones y preparar preguntas, mientras las entrevistas y la observación aportarían información ausente de los documentos. El escenario no presupone que esa distribución vaya a ahorrar tiempo en todos los casos: plantea una forma de ampliar el seguimiento cuya eficacia tendría que medirse.
Ese expediente también podría alimentar una cronología, una explicación sobre el estado de las obras, alertas para las familias o respuestas a las preguntas de los lectores. Tucson ya describe productos de audio y vídeo y un buscador que responde utilizando su archivo; integrarlos en una cobertura que se actualizara de forma continuada sería una evolución posible. La adaptación a distintos usuarios tendría que conservar los hechos comprobados y las incertidumbres de la información original. Personalizar el formato o la profundidad de una explicación no debería eliminar datos relevantes porque contradigan las preferencias del lector.
Los agentes podrían asumir también tareas delimitadas en producción, distribución y atención a suscriptores: coordinar calendarios, detectar versiones desactualizadas o tramitar solicitudes autorizadas. Cada ampliación exigiría revisar sus permisos y las consecuencias de un error. Los objetivos comerciales tendrían que permanecer separados de la modificación de los hechos: una instrucción para aumentar la retención no debería facultar a un sistema para ocultar una rectificación o alterar una cobertura.
Otra posibilidad dependería de que el público delegara parte de su consumo informativo en asistentes personales. En ese caso, agentes de los medios podrían proporcionar información a los agentes de los usuarios. Un lector preguntaría qué ha cambiado en las obras del colegio y recibiría una explicación elaborada con datos del periódico sin empezar por su portada. Esa intermediación plantearía nuevas condiciones para reconocer la autoría, financiar la información y mantener la relación con el público. Si el servicio se organizara mediante acuerdos, habría que precisar qué se puede reutilizar, cómo aparece identificado el medio y qué contraprestación recibe. La documentación disponible no permite asegurar que esa fórmula encuentre demanda ni que genere ingresos suficientes.
La dependencia de proveedores también pesaría en ese futuro. Si una cabecera confiara a una misma empresa su archivo operativo, sus criterios de selección y el contacto con los usuarios, cambiar de sistema podría resultar difícil. Conservar los documentos, el historial de decisiones y la posibilidad de trasladarlos ayudaría a mantener capacidad de elección. El coste de abandonar una herramienta tendría que formar parte de la evaluación, junto al de incorporarla.
En la cobertura hipotética del colegio, una rectificación tendría además que recorrer los productos que hubieran utilizado el dato erróneo. Modificar la noticia no resolvería el problema si la cifra siguiera apareciendo en un audio, una alerta o una respuesta generada desde el archivo. El medio necesitaría localizar la información equivocada en sus propios productos y comunicar el cambio a los servicios externos. Que la corrección llegara a quien recibió el dato a través de un asistente personal dependería también de que su proveedor conservara la procedencia de la información y admitiera recibir y trasladar actualizaciones.
