La Mesa del Congreso aprobó este martes las normas que regirán la actividad de los periodistas acreditados en la Cámara Baja, estableciendo un marco regulado con sanciones para conductas inapropiadas y criterios de exclusión de medios y profesionales.
El acuerdo se ha adoptado en coordinación con la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), tras la reforma del Reglamento aprobada en julio con el apoyo de los partidos del Gobierno y sus socios de investidura, y el rechazo de PP y Vox.
Entre las principales novedades figura la creación de un Consejo Consultivo en el que participarán representantes de los grupos políticos, departamentos funcionariales y asociaciones de periodistas. Su función será garantizar la colaboración en la aplicación de las nuevas normas y facilitar el trabajo informativo en el Congreso.
Acceso restringido y criterios de acreditación
El texto detalla las áreas a las que los informadores pueden acceder libremente y aquellas que requieren autorización expresa, como los garajes o los despachos de los diputados. La Dirección de Comunicación será la encargada de gestionar las acreditaciones, que solo se concederán a medios con más de diez trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y al corriente de pago de sus obligaciones.
Quedan excluidos los blogs, canales de YouTube, webs agregadoras de contenidos, emisoras o televisiones digitales sin concesión administrativa y departamentos de comunicación de lobbies. También se denegará la acreditación a quienes trabajen o colaboren en equipos de comunicación de partidos políticos o fundaciones vinculadas.
Prohibición de acoso y nuevas normas para grabar
Las entrevistas o declaraciones deberán contar con la aceptación de la persona interpelada, sin que se permitan seguimientos una vez denegada la petición. La medida responde a denuncias de diputados y periodistas sobre episodios de acoso atribuidos a comunicadores vinculados a movimientos ultras en pasillos y ruedas de prensa.
El texto también prohíbe a periodistas de prensa escrita grabar imágenes o vídeos, tarea reservada a reporteros gráficos y operadores de televisión, aunque sí se permite la toma de audio. Además, se veta la captación de imágenes o sonidos que vulneren la intimidad personal o revelen contenidos de dispositivos electrónicos o documentos de los diputados y miembros del Gobierno.
Procedimiento sancionador
Las conductas sancionables podrán denunciarse ante el departamento de Comunicación, que remitirá los casos al Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP). Este órgano estará integrado por representantes de la Mesa, periodistas designados por la APP y miembros de los grupos parlamentarios. Los partidos, con voto ponderado según su representación, decidirán si procede elevar una propuesta de sanción, aunque la resolución final corresponderá a la Mesa del Congreso, ante la que cabrá recurso.
Hasta ahora, la actividad periodística en el Congreso se regía por usos y prácticas no escritos, adaptados con el tiempo a la evolución de los medios. Con esta nueva normativa, todos los periodistas acreditados deberán firmar una declaración responsable en la que se comprometen a respetar las normas de convivencia y ejercicio profesional en la Cámara.
