El Gobierno de Colombia ha reglamentado el funcionamiento del fondo ‘No es hora de callar’, una herramienta pública destinada a prevenir la violencia de género y reforzar la protección de mujeres periodistas y comunicadoras, mediante un decreto que concreta su operatividad, sus líneas de actuación y los mecanismos de financiación, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivada del caso de la periodista Jineth Bedoya, cuyo secuestro, tortura y agresión sexual en el año 2000 motivaron medidas de reparación estructural por parte del Estado.
El decreto 0277 de 2026 establece que el fondo funcionará como una cuenta adscrita al Ministerio de Igualdad y Equidad y permitirá financiar programas de prevención, protección y asistencia, así como investigaciones sobre la violencia de género en el periodismo. También contempla la adopción de medidas de seguridad para periodistas en riesgo, incluidas acciones de formación en autoprotección y seguridad digital, además de iniciativas que podrán aplicarse a nivel nacional, departamental y municipal .
El fondo se nutre de recursos públicos asignados anualmente y contará con un comité decisorio encargado de definir la distribución de los fondos. Este órgano estará presidido por el Ministerio de Igualdad e integrado por la viceministra de las Mujeres, una representante vinculada a la campaña ‘No es hora de callar’ y un miembro de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) .
La medida responde a una obligación internacional tras el fallo de la Corte IDH en 2021, que ordenó al Estado colombiano implementar acciones de reparación más allá de la compensación económica individual. La propia Bedoya ha defendido que el objetivo del proceso no era una indemnización, sino la creación de una herramienta estructural que evitara nuevas agresiones contra mujeres en el ejercicio del periodismo .
El lanzamiento oficial del fondo está previsto para el 27 de abril y contará con una dotación anual aproximada de 500.000 dólares destinada a financiar proyectos, medidas de protección e investigaciones específicas sobre violencia de género en el sector .
La reglamentación coincide con un aumento de denuncias públicas por presunto acoso sexual en medios de comunicación colombianos desde marzo de 2026, que han derivado en investigaciones internas y actuaciones institucionales. En este contexto, la viceministra de las Mujeres, Támara Ospina, ha señalado que este tipo de violencia ha operado como un mecanismo de silenciamiento, mientras que el Ministerio ha defendido el fondo como una herramienta para garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones de seguridad.
El decreto también delimita el alcance de los recursos, que no podrán destinarse a ayudas económicas directas como traslados o subsidios individuales, y deberán centrarse en acciones estructurales de prevención, protección y seguimiento de la violencia contra mujeres periodistas.
