La justicia brasileña ha dado un nuevo paso en el conflicto entre las empresas periodísticas y Meta por el uso de contenidos informativos para desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Un tribunal de São Paulo ha dictado una medida cautelar que prohíbe a la compañía recopilar y utilizar sin autorización artículos, fotografías, vídeos y otros materiales de los medios representados por tres de las principales asociaciones de prensa del país. La resolución también impide que Meta penalice a los medios que rechacen las nuevas condiciones comerciales y establece una multa de un millón de reales diarios en caso de incumplimiento, hasta un máximo de 100 millones de reales.
La decisión, adoptada el 3 de noviembre por el juez Guilherme Madeira Dezem, de la 44.ª Sala Civil de São Paulo, responde a una acción conjunta de la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ), la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT) y la Asociación Nacional de Editores de Revistas (ANER). Las tres organizaciones representan a miles de empresas informativas que cuestionan las facultades que Meta pretendía incorporar a sus contratos comerciales.
El pronunciamiento judicial supone un avance para los editores porque no se limita a suspender la aplicación de las cláusulas controvertidas. También aborda la cuestión que está detrás del enfrentamiento: si una plataforma puede condicionar el acceso de los medios a sus servicios a que estos le permitan explotar contenidos periodísticos publicados fuera de sus redes sociales, incluso para desarrollar productos de inteligencia artificial.
La justicia cuestiona que los medios deban entregar sus contenidos para seguir utilizando las plataformas
Las condiciones comerciales que Meta había previsto introducir el 20 de noviembre contemplaban la utilización de herramientas automatizadas capaces de acceder, copiar, almacenar y analizar materiales publicados en los sitios web de las empresas que utilizan sus servicios.
La controversia no afecta únicamente a lo que los medios comparten en Facebook, Instagram, WhatsApp o Threads. Las facultades de recopilación también alcanzarían contenidos alojados en sus propias páginas web, incluidos materiales protegidos por derechos de autor.
El problema, según las asociaciones demandantes, reside en que la continuidad de las cuentas comerciales quedaría vinculada a la aceptación de esas condiciones. Los medios tendrían que elegir entre permitir el acceso a sus contenidos en los términos establecidos por Meta o renunciar a herramientas que utilizan para distribuir información, relacionarse con sus audiencias y desarrollar su actividad comercial.
La resolución judicial considera que existen indicios suficientes de vulneración de los derechos de autor y de abuso contractual para justificar una intervención preventiva.
Según ha informado la agencia AFP, el juez sostiene que imponer a los medios la entrega gratuita y generalizada de su patrimonio protegido como condición para mantener su presencia en los canales digitales constituye un abuso de derecho.
El magistrado también distingue entre la simple indexación de información y la extracción de obras periodísticas para incorporarlas a sistemas de inteligencia artificial. Según el razonamiento recogido en la decisión, esta última actividad requiere autorización de los titulares de los derechos.
La medida cautelar protege además a los medios frente a posibles represalias comerciales: Meta deberá mantener operativas sus cuentas, páginas y herramientas sin imponer bloqueos, restricciones o tratamientos desfavorables por rechazar las condiciones cuestionadas.
La multa establecida asciende a un millón de reales brasileños por cada día de incumplimiento, con un límite de 100 millones.
La decisión llega después de dos aplazamientos de Meta y otra intervención judicial en Noruega
La resolución brasileña se suma a una sucesión de actuaciones contra las nuevas condiciones comerciales de Meta en distintos mercados.
Como informó el Laboratorio de Periodismo el 23 de octubre, la compañía había retrasado inicialmente del 30 de octubre al 20 de noviembre la entrada en vigor de sus nuevas cláusulas ante las protestas de organizaciones de editores de distintos países.
Posteriormente, Meta anunció un nuevo aplazamiento sin fecha definitiva y se comprometió a abrir consultas con representantes del sector antes de introducir cambios. La compañía aseguró que mantendría las condiciones comerciales vigentes durante ese proceso.
A pesar de ese compromiso, los procedimientos emprendidos por los editores han seguido adelante.
El 28 de octubre, un tribunal de Noruega ya había suspendido temporalmente la aplicación de las nuevas condiciones después de que diez grupos de comunicación, entre ellos importantes empresas periodísticas del país, acudieran a la justicia para impedir que Meta pudiera apropiarse de sus contenidos sin consentimiento.
Los demandantes noruegos habían advertido expresamente del riesgo de que el rastreo automatizado alcanzara artículos, fotografías y vídeos protegidos por sistemas de suscripción y muros de pago.
La decisión brasileña presenta una particularidad: según las asociaciones promotoras, es la primera medida judicial conocida concedida a una coalición de asociaciones de empresas informativas contra estas modificaciones contractuales de Meta.
El conflicto también ha llegado al ámbito de la competencia. La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido abrió el 30 de octubre una investigación para determinar si las condiciones propuestas podían constituir un abuso de posición dominante. En la Unión Europea, distintas organizaciones de editores han reclamado igualmente la intervención de las autoridades.
Una protección que alcanza también al negocio de los medios
Para las empresas periodísticas, uno de los aspectos más relevantes de la resolución brasileña es que vincula la protección de la propiedad intelectual con las condiciones de acceso a las grandes plataformas digitales.
La disputa no consiste exclusivamente en determinar si Meta puede utilizar determinados artículos para entrenar sus modelos. También plantea hasta qué punto una empresa que controla canales importantes de distribución puede imponer condiciones sobre materiales producidos y publicados por terceros.
Esta distinción tiene consecuencias comerciales. Un editor puede decidir negociar licencias para el aprovechamiento de sus contenidos en productos de inteligencia artificial, pero esa negociación pierde autonomía si rechazar las condiciones implica arriesgar su presencia en plataformas utilizadas por una parte de sus lectores.
Existe además otro problema jurídico: los medios publican habitualmente fotografías de agencias, colaboraciones externas y otros materiales cuyos derechos no les pertenecen íntegramente. Autorizar indiscriminadamente su explotación por una plataforma tecnológica podría afectar a derechos que las propias empresas periodísticas no están facultadas para ceder.
El presidente ejecutivo de la ANJ, Marcelo Rech, ha calificado la medida como una señal positiva de que existen límites al abuso de poder económico de las grandes plataformas. También ha considerado que constituye un primer paso para impedir la apropiación indebida de contenidos ajenos por los sistemas de inteligencia artificial.
La resolución, sin embargo, no constituye una sentencia definitiva sobre la legalidad de las condiciones de Meta. Se trata de una medida cautelar que permanecerá vigente hasta que se resuelva el procedimiento y que puede ser impugnada por la compañía.
Meta ha declinado comentar específicamente la decisión brasileña, según han informado medios del país. Anteriormente había rechazado que la actualización de sus condiciones pretendiera obtener nuevos derechos sobre contenidos periodísticos y había defendido que los propietarios de los sitios web podían expresar sus preferencias de rastreo mediante el archivo robots.txt.
