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Rusia consigue cerrar Nóvaya Gazeta tras 33 años de periodismo independiente y seis periodistas asesinados

El periódico ruso Nóvaya Gazeta, uno de los principales referentes del periodismo de investigación y la prensa independiente del país, ha anunciado su cierre definitivo después de 33 años de actividad. La publicación, fundada en 1993 con el apoyo económico del último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov, dejará de operar el próximo 9 de noviembre tras una prolongada campaña de presiones políticas, judiciales y económicas que ha terminado por privarla de su sede, sus recursos financieros y sus posibilidades de publicación. Su desaparición supone el final de una de las cabeceras que habían conseguido mantener su actividad dentro de Rusia pese al endurecimiento de la censura desde la invasión de Ucrania.

«Nos han matado». Con estas palabras, la redacción comunicó el 30 de octubre una decisión que considera irreversible. «El 9 de noviembre apagaremos las luces de la casa en la que hemos vivido durante 30 años, apagaremos los servidores y nos marcharemos», anunció el periódico en un comunicado recogido por Reuters. Sus responsables atribuyen directamente el cierre a las autoridades rusas y a los servicios de seguridad del Estado.

El director, Serguéi Sokolov, explicó a la agencia que esta vez no se trata de una suspensión temporal, como había ocurrido anteriormente, sino del cierre de la publicación. «Enterramos a nuestros amigos, enterramos nuestras esperanzas. Vimos todo lo que estaba sucediendo e intentamos contárselo de la manera más adecuada posible a nuestros lectores y a todos los demás», declaró.

La desaparición del periódico es el resultado de una acumulación de medidas que han ido eliminando progresivamente sus posibilidades de ejercer el periodismo dentro de Rusia. Su edición impresa dejó de publicarse en 2022, después de que las autoridades revocaran su licencia. Posteriormente, su página web fue bloqueada, sus instalaciones de impresión quedaron confiscadas y se restringió su capacidad para distribuir contenidos.

Sin embargo, la redacción había conseguido mantener cierta actividad informativa desde sus oficinas en el centro de Moscú. Esa continuidad ha terminado por resultar inviable después de que las autoridades ordenaran abandonar la sede y quedaran inutilizados los mecanismos de donaciones con los que los lectores contribuían a financiar el periódico.

Según la publicación, las últimas actuaciones formaban parte de una operación coordinada para impedir su supervivencia. A la pérdida de instalaciones y recursos económicos se sumaron registros policiales, investigaciones judiciales y actuaciones contra sus periodistas.

Uno de sus redactores, Oleg Roldugin, permanece bajo arresto domiciliario a la espera de juicio por presunto uso indebido de datos personales, una acusación que podría acarrearle hasta diez años de prisión. También fue registrado recientemente el domicilio de Sokolov, después de otras intervenciones en las dependencias del periódico.

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Las autoridades rusas habían incluido a Nóvaya Gazeta en el registro de «agentes extranjeros», una clasificación utilizada contra organizaciones y profesionales considerados sometidos a influencia exterior. No hubo una reacción oficial inmediata al anuncio de cierre. El Kremlin ha defendido anteriormente determinadas restricciones informativas como necesarias ante lo que presenta como una confrontación existencial con Occidente relacionada con la guerra en Ucrania.

Un periódico que investigó el poder y perdió a seis periodistas

La historia de Nóvaya Gazeta está estrechamente vinculada a la apertura informativa que acompañó a los últimos años de la Unión Soviética y a la posterior transición política rusa. El periódico nació en 1993 inspirado por la política de glasnost impulsada por Gorbachov, quien destinó parte del dinero recibido por su Premio Nobel de la Paz a apoyar el proyecto.

Durante más de tres décadas desarrolló investigaciones sobre corrupción, abusos de poder, violaciones de derechos humanos y conflictos militares. Su trabajo convirtió a la cabecera en una referencia internacional del periodismo crítico ruso, pero también expuso a sus profesionales a amenazas y agresiones.

Seis periodistas vinculados al periódico fueron asesinados. Entre ellos figura Anna Politkóvskaya, conocida por sus investigaciones sobre las guerras de Chechenia y las violaciones de derechos humanos cometidas durante aquellos conflictos. Fue asesinada en Moscú en octubre de 2006, un crimen del que se han cumplido veinte años.

El exdirector y cofundador Dmitri Murátov recibió en 2021 el Premio Nobel de la Paz, compartido con la periodista filipina Maria Ressa, por su defensa de la libertad de expresión. Murátov dedicó el reconocimiento a los seis compañeros asesinados.

Ahora ha tenido que asistir al desmantelamiento del periódico que ayudó a fundar. En declaraciones a Reuters, explicó que la publicación representaba a una parte de la sociedad rusa contraria a la guerra y al derramamiento de sangre, circunstancia que, a su juicio, explica la persecución sufrida.

«Cuando la gente muere en la guerra y los presos políticos mueren, no lloramos por nosotros mismos; simplemente recogemos nuestras cosas», afirmó, mientras los trabajadores preparaban el traslado de los archivos y materiales acumulados durante décadas.

La guerra de Ucrania aceleró el desmantelamiento de la prensa independiente

El comienzo de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, marcó un punto de inflexión para Nóvaya Gazeta y para numerosos medios que operaban fuera del control estatal.

Las nuevas disposiciones legales establecieron penas de prisión por desacreditar a las Fuerzas Armadas o difundir informaciones que las autoridades considerasen falsas sobre sus operaciones militares. Estas restricciones afectaron directamente a la capacidad de los periodistas para informar sobre el conflicto.

«No podemos informar sobre los acontecimientos más críticos y trágicos de nuestro tiempo», reconoció Nóvaya Gazeta al explicar las limitaciones que afrontaba. Según la redacción, la censura se había extendido prácticamente a todos los ámbitos de la vida pública.

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El resultado ha sido una transformación forzada del mapa mediático ruso, con redacciones clausuradas, periodistas perseguidos y numerosas organizaciones informativas obligadas a continuar su actividad desde el extranjero.

Este desplazamiento forma parte de un fenómeno más amplio documentado por Reporteros Sin Fronteras. Como recogió anteriormente el Laboratorio de Periodismo, la organización había prestado apoyo a 160 periodistas rusos exiliados desde 2021 y contabilizaba al menos 63 medios de ese país que continuaban funcionando desde el exterior.

Entre ellos se encuentra Nóvaya Gazeta Europe, fundada en Letonia en 2022 por antiguos integrantes de la redacción que abandonaron Rusia después del comienzo de la invasión. Aunque comparte los orígenes y parte de la trayectoria profesional de la cabecera original, funciona como una publicación independiente y continuará operando tras el cierre de Moscú.

Las autoridades rusas la declararon «organización indeseable», una figura jurídica que prohíbe de hecho sus actividades dentro del país y puede acarrear consecuencias penales para quienes colaboren con ella.

El último número de un periódico que se niega a presentar su cierre como voluntario

El cierre anunciado para el 9 de noviembre permitirá todavía la publicación de un último número. Después, la redacción abandonará definitivamente sus instalaciones de Moscú y desconectará los servidores.

La comunicación de despedida rechaza expresamente que la desaparición responda a una decisión empresarial ordinaria o a una suspensión voluntaria de actividades. Sus periodistas sostienen que han sido privados de las condiciones materiales, legales y económicas necesarias para seguir trabajando.

«Esta no es solo nuestra historia personal. Es la historia de un país y de una sociedad que están siendo destruidos exactamente de la misma manera», señala el comunicado, en el que la redacción responsabiliza al Servicio Federal de Seguridad, al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía de las actuaciones que han desembocado en el cierre.

El periódico también denuncia que las garantías constitucionales de libertad de expresión han quedado vaciadas de contenido. El artículo 29 de la Constitución rusa prohíbe expresamente la censura, una disposición que sus responsables consideran incompatible con las restricciones impuestas a los medios independientes.

La publicación, que consiguió sobrevivir al asesinato de varios de sus periodistas, a décadas de enfrentamientos con las autoridades y a la suspensión de sus ediciones impresas, dejará así de funcionar dentro de Rusia. Su última entrega se prepara en una redacción donde los trabajadores ya han comenzado a embalar documentos, fotografías y recuerdos de más de tres décadas de investigaciones periodísticas.

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