La Comisión Europea ha publicado el texto completo de su propuesta de Ley de Equidad Digital, un reglamento que se aplicaría directamente en los Veintisiete y que obliga a los medios a tomar medidas con respecto a las suscripciones. El Laboratorio contó las líneas generales de la propuesta al día siguiente de su presentación, pero el texto hecho público permite ahora concretar qué tendrían que cambiar los medios que venden suscripciones si sale adelante así.
Lo primero que cabe indicar es que ninguna de esas obligaciones prevé excepciones para la prensa, así que alcanzarían a cualquier medio con suscriptores de pago. La propuesta no menciona a periódicos ni a editores como entidades que queden fuera de las medidas, y uno de sus considerandos precisa que la protección del consumidor es la misma sea cual sea el tamaño de la empresa, un dato que se tendrá en cuenta al fijar las sanciones.
Pruebas gratuitas con aceptación expresa
El artículo 20 obligaría a recordar al lector que su periodo de prueba está a punto de acabar, con un margen razonable que el texto no traduce en días. El paso a la suscripción de pago dejaría de ser automático: el lector tendría que aceptarlo de forma expresa y la empresa debería confirmárselo en un soporte duradero, un formato que pueda conservar, como máximo una semana después. Si no hay recordatorio o el lector no acepta continuar antes de que acabe la prueba, no quedará vinculado por el contrato de pago.
Avisos antes de cada renovación
En los contratos de seis meses o más con prórroga automática, como una suscripción anual, el aviso tendría que llegar entre un mes y catorce días antes de la renovación, con su fecha, la duración hasta la siguiente, el precio, las condiciones de baja y, cuando proceda, un enlace a la función para darse de baja. Si el contrato pasa a prorrogarse por tiempo indefinido, el suscriptor podrá terminarlo cuando quiera con un preaviso máximo de un mes y sin otro coste que el del servicio recibido durante ese preaviso.
En las suscripciones de menos de seis meses, como las mensuales, el aviso tendría que llegar como tarde una semana antes de la prórroga con la que el contrato alcance los seis meses o de la décima prórroga, lo que ocurra antes. En los dos casos, si el medio no envía el recordatorio a tiempo, el suscriptor podrá darse de baja gratis y sin preaviso hasta que se lo envíe.
Un botón para darse de baja. Ya no valdrá obligar a cancelar por teléfono
El artículo 23 obligaría a quien permita contratar en internet a ofrecer una función para terminar el contrato, sea cual sea la vía por la que se firmó, con un rótulo como «terminar el contrato aquí», en un lugar destacado y de fácil acceso. El lector indicaría su nombre, los datos del contrato y dónde quiere recibir el acuse, y pulsaría un botón del tipo «confirmar la terminación del contrato». La empresa tendría como máximo una semana para enviarle el acuse en un soporte duradero. En España se ha extendido la práctica de facilitar a los usuarios que se suscriban por internet, pero los obligan a darse de baja por teléfono, e incluso solo en horarios de oficina.
El artículo 24 aplica la misma lógica al desistimiento, con una función «desistir del contrato aquí» disponible durante todo el plazo legal, y el 25 añade otra garantía. Cuando el lector lo pida y los demás canales no sean eficaces, tendrá derecho a comunicarse con una persona del servicio de atención al cliente. El anexo de la propuesta incluiría entre las prácticas prohibidas en todo caso exigir, para rechazar, retirar o cambiar una elección, pasos desproporcionadamente más numerosos, complejos o largos de lo necesario. También prohibiría presentar como un error no comprar o no seguir con un servicio, y dar por aceptado el pago de un extra con opciones marcadas por defecto.
La excepción del audio y el vídeo
La Comisión anunció también reglas más claras para cancelar suscripciones a «medios digitales» dentro del plazo de desistimiento, pero esa novedad va en una directiva aparte y se limita a las suscripciones de contenidos de audio y vídeo. En ellas, cuando el servicio empieza de inmediato, los catorce días para desistir se convertirían en un mes, y quien desistiera pagaría el precio medio de un mes de servicio. Esa directiva no menciona periódicos, noticias ni prensa.
Plazos y sanciones
Nada de esto es todavía obligatorio. El Parlamento Europeo y el Consejo tienen que negociar la propuesta, que aún puede cambiar, y el reglamento se aplicaría doce meses después de su entrada en vigor, un plazo que el texto aún deja entre corchetes. La reforma de la cooperación entre autoridades de consumo, presentada el mismo día, permitiría a la Comisión investigar directamente las infracciones que alcancen al menos a dos tercios de los Estados miembros y de la población de la Unión, salvo que la empresa sea una pyme, y multar con hasta el 6% de su facturación anual mundial.
Lo que ya exige la ley española
Desde el 28 de diciembre de 2025, la ley general de consumidores, reformada por la Ley de servicios de atención a la clientela, obliga a avisar con quince días de antelación al vencimiento del plazo para comunicar que no se quiere renovar un contrato de duración determinada sujeto a renovación, y a recordar en ese aviso qué ocurre si no se cancela. Esa ley general ya establecía que el consumidor puede poner fin a un contrato de tracto sucesivo por la misma vía por la que lo celebró, sin penalizaciones. Las empresas con al menos 250 trabajadores, más de 50 millones de euros de facturación o un balance superior a 43 millones tendrán que ofrecer además atención por una persona cuando el cliente la pida. La ley les dio doce meses para adaptar sus servicios, un plazo que vence a finales de diciembre de 2026.
Lo que enseña Alemania
Alemania exige desde julio de 2022 un botón para cancelar por internet los contratos de duración continuada, con rótulos como «Verträge hier kündigen» («cancelar contratos aquí»). El 16 de julio de 2026, el Tribunal Supremo Federal dio la razón a la federación de organizaciones de consumidores frente a la cadena de gimnasios FitX, que mostraba en la página de confirmación de la baja un botón para pausar el contrato. El tribunal concluyó que esa página solo puede servir para recoger los datos de la baja y enviarla, sin otras ofertas ni avisos. El formulario que describe el artículo 23 de la propuesta europea es parecido. En mayo de 2026, el Laboratorio contó que Shutterstock pagará 35 millones de dólares por dificultar las cancelaciones y ocultar las renovaciones automáticas.
Qué pueden revisar ya los medios
De todo ello salen cinco comprobaciones que un medio puede hacer ya para adaptarse a la ley:
- Si la baja se puede hacer desde la web o la aplicación, aunque se contratara por otra vía.
- Si las pruebas gratuitas avisan antes de acabar y piden aceptación expresa antes del primer cobro.
- Si los avisos de renovación llegan con la antelación que ya exige la ley española e incluyen fecha, precio, duración y el enlace para darse de baja.
- Si el lector puede llegar a una persona cuando los canales automáticos no le resuelven el problema.
- Si las bajas de suscripciones y boletines llevan casillas premarcadas, mensajes que culpabilizan u ofertas en el último paso.



