Algunos medios locales están pidiendo que se afine el proyecto de ley de publicidad institucional, al considerar que el límite del 35 por ciento de ingresos procedentes de administraciones públicas puede afectar de forma significativa a cabeceras de pequeño tamaño situadas en provincias con escaso tejido empresarial, donde la publicidad privada resulta limitada y la financiación institucional representa una parte relevante del equilibrio económico.
El texto normativo establece, entre otros aspectos, la obligación de que los medios hagan pública su estructura de propiedad y fija un tope máximo de ingresos procedentes de instituciones públicas. La medida persigue reforzar la transparencia y evitar situaciones de dependencia excesiva de una sola administración, así como posibles distorsiones en el uso de fondos públicos destinados a campañas institucionales.
Es el caso, por ejemplo, de El Día de Zamora, que en su editorial avala que los medios estén obligados a hacer pública su propiedad como garantía para los lectores, pero cuestiona la aplicación de un porcentaje uniforme para todos los territorios sin tener en cuenta las diferencias de mercado.
El periódico señala que no es comparable la situación de una cabecera nacional con amplio respaldo publicitario privado con la de un medio local que opera en una provincia con reducido número de anunciantes.
El editorial distingue entre la concentración de financiación en una única administración, que puede generar dudas sobre independencia, y la percepción de campañas de distintas instituciones gobernadas por formaciones políticas diferentes, que interpreta como un indicador de implantación territorial y utilidad social. También subraya que en entornos como Zamora la publicidad institucional no responde necesariamente a un mecanismo de control, sino a la limitación objetiva del mercado privado.
El Día de Zamora, con casi veinte años de trayectoria y difusión gratuita en papel, sostiene que su modelo permite el acceso a la información local a sectores que no consumen contenidos digitales y que la imposición de un límite rígido podría comprometer la viabilidad de proyectos similares. El diario advierte de que la desaparición de medios de proximidad reduciría la cobertura informativa sobre ayuntamientos, barrios y municipios pequeños, al depender en mayor medida de cabeceras nacionales cuya atención se centra en acontecimientos de mayor alcance.
Las críticas no cuestionan la necesidad de regular la publicidad institucional ni de establecer mecanismos de control sobre el uso de fondos públicos, sino la aplicación homogénea del límite sin considerar variables como el tamaño del mercado publicitario local, la diversidad de fuentes públicas, la audiencia o la existencia de ingresos privados complementarios.
El debate se produce en paralelo a iniciativas similares aprobadas en parlamentos autonómicos, donde también se han introducido límites a la financiación pública de medios. A la espera del texto definitivo, cabeceras locales reclaman que la futura ley incorpore criterios diferenciados que tengan en cuenta la dimensión territorial y económica de cada medio para evitar efectos no previstos sobre el pluralismo informativo en zonas rurales o poco pobladas.
